La reciente declaratoria de desastre nacional por los incendios forestales en Bolivia, realizada por el presidente Luis Arce, se presenta como una medida esperada y necesaria por la facilitación de trámites para canalizar la ayuda internacional. Sin embargo, lo que pudo ser un paso firme hacia la solución de una crisis ambiental ha sido empañado por tensiones políticas y acusaciones cruzadas que han polarizado el debate, tanto desde el oficialismo como desde la oposición.
Con el Decreto Supremo 5235, Arce finalmente declaró el desastre nacional tras semanas de presión política. Según el mandatario, la medida permitirá activar la cooperación internacional y canalizar los esfuerzos para mitigar los incendios, además de asegurar recursos destinados a la reconstrucción. Pero la oposición ha sido rápida en señalar que la decisión llegó tarde y que la falta de reacción agravó los incendios, permitiendo que el fuego arrase grandes extensiones de bosque y biodiversidad.
El Gobierno, por su parte, exige una respuesta de la ALP para que ésta apruebe los créditos internacionales que permitan financiar aviones, helicópteros, y equipos para combatir el fuego. Arce ha hecho un llamado directo a los legisladores, especialmente a aquellos que han criticado la gestión, instándolos a aprobar los 325 millones de dólares en créditos pendientes de la CAF y el BID. Esta insistencia ha generado malestar entre los opositores, quienes acusan al Gobierno de usar la emergencia como una moneda de cambio para presionar por la aprobación de su agenda financiera. Los incendios forestales son una crisis ambiental de gran envergadura, pero lo que es aún más preocupante es cómo este tema ha sido politizado.
Y mientras continúan las acusaciones políticas, el fuego sigue devastando los ecosistemas de Bolivia. Los últimos reportes indican más de 7 millones de hectáreas consumidas, lo que genera consecuencias no sólo ambientales, sino también económicas y sociales. Las comunidades rurales, indígenas y campesinas, que dependen de los recursos naturales, son las más afectadas.
Es momento de dejar de lado las divisiones y pensar en el futuro del país. Los incendios forestales no son un problema temporal, sino una amenaza permanente, exacerbada por el cambio climático y la falta de políticas ambientales serias. Bolivia no puede permitirse repetir este ciclo de devastación año tras año.
El país necesita una agenda común para enfrentar esta crisis, que incluya no sólo la cooperación internacional y la inyección de recursos, sino también una reforma profunda en las políticas de uso de la tierra, la sanción a los responsables de las quemas, y la educación ambiental a todos los niveles. Sólo así Bolivia podrá enfrentar, de manera real y efectiva, los desafíos que se avecinan.
