Como presidente de la Comunidad Bitcoin Bolivia y miembro de la Asoblockchain Bolivia, junto con otros representantes de organizaciones como Comunidad Ethereum Bolivia, Startups Bolivia, Cámara Fintech Bolivia hemos participado del análisis de un proyecto de Ley de Criptoactivos que fue presentado por el abogado Fabián Espinoza e impulsado por la diputada Mariela Baldivieso, donde observamos algunos puntos para llevar una propuesta cuyo objetivo sea otorgar seguridad jurídica a los usuarios de criptoactivos, al mismo tiempo, se abrogue cualquier normativa que prohíba su uso como la R.D. Nº 144/2020 del Banco Central de Bolivia, metas que permitirán a los bolivianos acceder a la tecnología como se garantiza constitucionalmente.
Después de una revisión y análisis en detalle, artículo por artículo, hemos quedado de acuerdo en un proyecto legislativo que se denominará: “Ley Integral de Criptoactivos - Grover Suntura” en homenaje al pionero en programación y creación de Smart Contracts, educador y divulgador de la tecnología blockchain y criptomonedas, quien falleció de forma temprana dejando profunda huella en la comunidad boliviana.
Como “bitcoiners” consideramos que el modelo legislativo que debe ser aplicado a Bolivia es el salvadoreño, no estamos de acuerdo con copiar modelos de leyes importadas de Europa (Ley MICA), o que sean similares a las de nuestros vecinos latinoamericanos influidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debemos aceptar la realidad boliviana como poco o nada atractiva para plataformas digitales como exchanges y wallets, por tener un mercado pequeño y ser un país en desarrollo, cualquier ley semejante a las de nuestros vecinos nos hace poco competitivos frente a ellos.
Entonces, la única vía que consideramos atractiva para capitales nacionales y extranjeros es la libertad económica, es decir: libertad fiscal y eliminación de barreras burocráticas con requisitos innecesarios, licencias, registros y valorados que harán imposible la acción humana.
Entendemos, que los salvadoreños, para ser competitivos con sus vecinos y el mundo, han otorgado el estatus de curso legal y moneda oficial al bitcoin y para garantizar la inversión y desarrollo han promulgado la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías, que otorga incentivos y libera de toda clase de impuestos y gravámenes arancelarios aduaneros por 15 años a los servicios tecnológicos que tienen que ver con: programación, gestión, mantenimiento, consultoría y análisis de sistemas informáticos o softwares; desarrollo y comercialización de servicios de computación en la nube y de flujo de datos; inteligencia artificial, análisis masivo de datos; tecnología de registro distribuido; soluciones de ciberseguridad; tecnologías basadas en la fabricación de piezas, materiales y equipos o instalaciones, ensamblaje, manufactura para equipos tecnológicos o hardware, semiconductores, tecnología de las comunicaciones, robótica, nanotecnología, aeronaves y vehículos no tripulados, etc.
Por todos estos motivos, declaramos enfáticamente que rechazamos un otro proyecto de ley denominado: “Regulación de criptoactivos y Tecnología Financiera” que fue presentado a la Asamblea por otros diputados y está registrado como PL 402/22-23 de 13 de junio de 2023, por ser extremadamente burocrático y estatista, de aprobarse, esa ley, tal como está, ahuyentará la inversión nacional y extranjera, provocará la informalidad y la evasión impositiva, criminalizando la actividad del ecosistema blockchain y critpográfico.
Finalmente, agradecemos la voluntad política de la diputada y el trabajo del proyectista, recomendándoles que sean fieles portavoces de los intereses de los ciudadanos que sólo piden seguridad jurídica, garantías de sus libertades económicas y contractuales, respeto del acceso a la tecnología y protección de la propiedad privada.
