Aparentemente no son muchos quienes detectan una relación directa entre la crisis política de octubre-noviembre de 2019 y la extensa quema de nuestros bosques, desde agosto de ese año.
En cambio, para mí y algunos más, la intensa reacción ciudadana ante el hecho de que las autoridades electorales fueron digitadas desde el Ejecutivo, la manera en que ellas manejaron el proceso y, como consecuencia, la gran protesta social que condujo a la fuga de Morales Ayma resulta incomprensible si no se toma en cuenta el repudio producido —especialmente, pero no solo— en Santa Cruz por el incendio de cinco millones de hectáreas y la frialdad, lenidad e indiferencia gubernamental que “se encaprichó”, en no declarar desastre nacional.
De hecho, el primer cabildo cruceño, realizado dos semanas antes de las elecciones de 2019, tuvo como motivación central la ansiedad y descontento ante la actitud oficial frente a la gran quema.
Hay que entender que la sensibilización pública ante el desastre no indica que la conciencia colectiva se hubiese tornado, repentinamente, ambientalista, sino que los incipientes núcleos, principalmente juveniles que profesan y cultivan un genuino respeto por la naturaleza, lograron que sus voces se escuchen, gracias a la marejada de imágenes de animales carbonizados, incontrolables llamas y árboles tendidos en masa, difundida por los medios convencionales y las redes digitales.
Se trató de una ola emotiva, influida, además, por la presencia de bomberas y bomberos voluntarios que involucraban transversalmente a varias familias, reforzando el realismo de la situación y la sensibilidad común.
Esas escenas se han borrado de la memoria de los dirigentes del MAS que, igual que varios expertos electorales, desdeñaron en su momento el impacto electoral de la gran quema que drenó nuevos miles de votos, en Santa Cruz y el país todo. Esa amnesia, aliñada con una buena dosis de necedad, molicie y codicia se reitera en estos días en que la intensidad de la quema nos inundó con densa y tenebrosa humareda en casi todo el territorio nacional.
La codicia se emparenta con la “estrategia geopolítica” que hace que el poder político aliente el avance de miles de familias sobre los parques nacionales, reservas naturales y territorios indígenas donde se practica una masiva, intensiva forzada colonización, principalmente para desplegar el gran tráfico ilegal de tierras que caracteriza la gestión masista, desde sus inicios hasta hoy.
El tráfico, subsecuente a la ampliación de la frontera agro ganadera, incrementa el plusvalor de la tierra que los nuevos colonizadores (forzada y torcidamente designados como “interculturales” en los textos legales) obtienen al vender los pastizales y bosques quemados. Sus clientes comunes tienen buenos contactos con compradores internacionales, dedicados al agronegocio y la ganadería.
El momento en que se revisen, detallada y escrupulosamente, los títulos de estas nuevas propiedades será posible cuantificar las enormes superficies que se hallan en manos de ciudadanos brasileños, argentinos y otros que cosechan o directamente trabajan para grandes grupos transnacionales.
Otros importantes beneficiarios, en particular los que han empezado a quemar nuestro parque nacional más biodiverso, el Madidi, son parte de bandas delictivas internacionales que explotan oro asociados con dirigentes de cooperativas mineras, reconocibles porque son los que exhibieron mayor agresividad en sus recientes jornadas de protesta en La Paz, exigiendo reconocimiento a “derechos preconstituidos”, precisamente en parques, reservas y territorios indígenas.
Estos, además de obsequiarnos incendios, nos reparten generosamente mercurio y, algunos, cianuro, emponzoñando miles de kilómetros de nuestras principales cuencas.
La creciente demanda para abrogar las leyes, decretos y resoluciones incendiarias chocan contra un muro de acero, compuesto equitativamente por cuadros que se autoidentifican como luchoarcistas o evomoralistas, porque ambos bandos amparan a militantes y allegados profundamente comprometidos con el negocio aurífero. En esta materia, los circunstanciales rivales, defienden con constancia y ferocidad a sus protegidos, porque hacerlo paga ¡aparentemente muy bien!
El daño conjugado de los fuegos anuales, el envenenamiento sostenido de nuestros ríos y cuencas, y el uso abusivo de los frágiles suelos tropicales necesitan de una respuesta enérgica y pronta de la sociedad, exigiendo una completa e inmediata pausa ambiental en parques, reservas y territorios indígenas.
Abrogar la legislación criminal que busca ampliar los mercados de tierras para enriquecer a los traficantes de tierras y la cadena de intermediarios que llega hasta los clientes internacionales, es indispensable, pero insuficiente para detener la depredación global que sufrimos y la afectación de la base del nuevo modelo de desarrollo que precisamos con creciente urgencia.
