El contrabando, un negocio tan antiguo como nuestra historia, en la última década ha cobrado mucha más fuerza y cuerpo en nuestro país, hasta convertirse en una actividad económica multimillonaria, donde intervienen miles de personas, entre vendedores y compradores, tanto dentro y fuera de nuestras fronteras, donde el sector público y privado no son ajenos a este universo comercial.
Considerados por muchos como un cáncer para la industria nacional, para otros una fuente importante de un ingreso de subsistencia y para unos pocos una empresa donde hacer riqueza sin dar factura es cosa de todos los días. Eso es el contrabando en Bolivia, más aún en una economía tan informal, donde prevalecen varias actividades ilegales bajo la mirada “callada” de las autoridades públicas, donde la falta de un trabajo estable empuja a cientos de familias a dedicarse a este “business”.
Según una estimación propia (en base a datos históricos de la CNI), se calcula que el contrabando en el país generó un movimiento económico el año 2023 de aproximadamente $us 3.464 millones, lo cual representó cerca al 8% del PIB nominal de Bolivia de la gestión pasada. La economía boliviana el 2023 creció en 3,1%, según datos gubernamentales; sin embargo, esta actividad ilícita se incrementó en un 4%, lo cual se debe principalmente a la situación económica de países vecinos, un tipo de cambio fijo, subvenciones estatales vigentes, la alta informalidad e ilegalidad en nuestra economía, y la permisibilidad de las entidades llamadas a “luchar contra el contrabando”.
Esta cifra podría ser mayor, e inclusive su tasa de crecimiento, si tuviéramos más información no solamente de los productos que ingresan al contrabando (importación), sino de los que salen (exportación), lo que hoy llamamos “contrabando a la inversa”. Hay que recordar que el contrabando también incluye los carburantes que van a los países vecinos, el oro peruano que sale por Bolivia hacia Europa y Asia, y toda mercadería, principalmente extranjera, que deja nuestro país de manera ilegal.
De hecho, si tomamos en cuenta el periodo de 2013 a 2023, el contrabando creció en un 49%, tomando en cuenta los datos de la CNI, lo cual según nuestras estimaciones ha generado un movimiento económico acumulado de $us 30.228 millones. En estos años, alrededor del 50% de las gestiones estudiadas, el contrabando creció más que la economía boliviana. El primero creció en promedio un 3,82%, en cambio nuestro PIB real en sólo un 3,27% durante estos años.
La Aduana Nacional, una entidad clave para la lucha contra el contrabando, el año 2023 decomiso en productos un valor de Bs. 755,2 millones, lo cual representó el 4,13% del PIB nominal de la gestión anterior. De este total, el 57% corresponde a vehículos, pero solo el 7% a alimentos y cigarrillos un 2%. No existe, en su rendición publica de cuentas final 2023, el dato de la ropa usada decomisada. Sin embargo, el año 2022 este tipo de mercancías ilegales apenas representaron el 2% del total incautado por este organismo gubernamental.
Para este 2024, entre una de sus tantas metas, la Aduana Nacional, piensa realizar 6.000 operativos y comisar un valor de Bs. 400 millones para este año, un estimado de 19.427 toneladas. Lo llamativo es que, de ese total, su meta primordial son los vehículos automotores (23,9%); sin embargo, las proyecciones en prendas de vestir (1,2%), cerveza (0,75%), bebidas alcohólicas (0,48%) y cigarrillos (0,43%) son muy bajas.
¿Realmente la Aduana Nacional protege a la industria nacional? Según las anteriores cifras pareciera que no, ya que su principal mercancía decomisada en los últimos años fueron los vehículos automotores, mientras que la ropa usada, bebidas, alimentos y otros sus comisos son muy bajos. Inclusive, sus metas están enfocadas más en los vehículos que en los productos o artículos que si dañan a la industria nacional y que son producidos en el país.
Los vehículos comisados se pueden rematar por partes o de manera completa, como así ser utilizados por las entidades del Gobierno nacional o en su defecto inclusive ser cedidas como una “donación” a cualquier organización social que lo solicite, claro, bajo un condicionamiento político. Entonces, se observa, una desprotección importante a la industria nacional, sea esta pequeña o grande, que, bajo estas condiciones, compite con un negocio desleal e ilegal.
Finalizando, se deber ver al contrabando no como un problema sino un resultado de algo, de una industrialización incipiente, de un creciente mercado y de condiciones favorables para que siga floreciendo el mismo. Sin dudas hay que combatirlo si realmente queremos que nuestra productividad, empleo y el proyecto de un crecimiento económico sostenible no se desmoronen. El contrabando es importar pobreza, sin dudas.
Hay opiniones encontradas al respecto, ya que al Gobierno le permite tener indicadores bajos de inflación y desempleo, a muchas familias de acceder a productos baratos (y hasta de buena calidad) que no hay en el mercado nacional, a cientos de personas tener ingresos y fuentes laborales que el sector público y privado no les ofrecen, parece un buen negocio para todos, menos para uno. Pero ¿a qué costo? Al parecer, la sacrificada es la industria nacional desamparada, que además de lidiar con una alta presión fiscal del gobierno, debe lidiar con la informalidad y la ilegalidad con careta de contrabando, que oculta la verdadera realidad de nuestro país.
