Se esperaba que el mejor escenario donde la meritocracia debería prevalecer era precisamente en los exámenes a los postulantes a magistrados. Justamente en este tipo de procesos selectivos es que se podía identificar a los mejores profesionales, a través de pruebas orales de competencia, y que ahora se ven constantemente socavados por trampas, tapujos, chanchullos y prácticas cuestionables que comprometen la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los postulantes.
Los amaños y soplos de una senadora representante del Movimiento Al Socialismo (MAS), muy afín al cocalero Evo Morales, fueron grabados en imágenes de video, en al menos dos ocasiones, cuando trataba de favorecer a algunos postulantes durante la evaluación oral. Por lo menos hasta ahora nadie dudaba que los exámenes de competencia, diseñados para identificar a los más capacitados, han sido durante mucho tiempo el estándar para seleccionar a los mejores profesionales. Pero que una diputada, muy irresponsable ella, esté en la tarea de delatar o soplar respuestas, manda al fuego esta idea simple y poderosa del examen de conocimientos. También ha quedado en entredicho que este proceso selectivo de las altas magistraturas sea justo y además ha colocado en desventaja a los más aptos para que puedan acceder a los máximos escalones de la carrera judicial. Sin embargo, la realidad muestra un panorama preocupante, donde la equidad se ve comprometida por trampas y favoritismos.
El problema principal radica en la falta de limpidez y en la existencia de prácticas fraudulentas que ejecutan los asambleístas dentro de las comisiones parlamentarias que supervisan estos exámenes. Las filtraciones de preguntas, el favoritismo hacia ciertos candidatos y la corrupción son solo algunas de las tácticas que están distorsionando el proceso. Esta situación no solo perjudica a los candidatos honestos, sino que también socava la confianza del público en las instituciones encargadas de garantizar la correcta administración de justicia.
Se agrava el problema cuando ya se sabe que existen candidatos por demás corruptos que recurren a prácticas deshonestas en consorcio con sus examinadores; y lo peor de todo es que los profesionales que resulten seleccionados a través de estos métodos apócrifos serán los menos capacitados, lo que derivará en una merma de la calidad en las máximas instancias de justicia boliviana. Si esta calaña de personas se encumbra en los tribunales, lo lógico es que la corrupción y el favoritismo terminen erosionando la confianza pública en la administración de justicia.
Sustituir a los diputados examinadores o aplicar sanciones a la diputada soplona ante el comité de ética de la Asamblea Legislativa son soluciones insuficientes. Estas medidas, aunque necesarias, no abordan la raíz del problema. Lo que falta es un sistema robusto y transparente que haga imposible o al menos muy difícil el chanchullo. Sin una transformación profunda del proceso selectivo de magistrados, estas soluciones seguirán siendo meros paliativos. Esto también confirma un fracaso total que fue anunciado por muchas voces.
Puede que resulten tardíos algunos mecanismos de supervisión y control en el proceso de evaluación de los candidatos a magistrados. Con la urgencia del caso se deberían establecer comités de auditoría independientes que revisen los procedimientos y aseguren que se cumplan los estándares de transparencia y equidad. Además, la implementación de tecnología avanzada, para garantizar la corrección idónea de los exámenes orales a los postulantes a magistrados y a minimizar el riesgo de fraude. Irónicamente propondría que se televisen los exámenes para que los estudiantes de Derecho puedan confirmar que en algunos casos resultan ellos mejor capacitados que algunos postulantes a magistrados mañosos.
Los beneficios de estas soluciones por si son evidentes: un sistema justo que garantice que los mejores profesionales en las leyes y los realmente capacitados, sean los que ocupen las posiciones de mayor responsabilidad en la justicia boliviana. Con este desgraciado incidente provocado por una diputada evista solo queda que los candidatos honestos junto con la ciudadanía en general exijan transparencia para asegurar que el sistema evolucione hacia un modelo más justo y equitativo. Muchos dicen que este proceso selectivo de magistrados nació muerto y en el que la meritocracia dejó de ser un ideal.
El autor es abogado
