El debate sobre el incremento de la tarifa del transporte urbano en Cochabamba aún no ha generado controversias entre los distintos sectores sociales y las autoridades locales, por la falta de información y el ocultamiento del proyecto de incremento. Verdad. Sólo los transportistas y sus afines lo conocen. Este tema involucra aspectos y cuestiones de justicia social, transparencia y la forma de gobernar de las autoridades municipales.
El Comité de Transporte, conformado por la Alcaldía, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), la Policía, Control Social y organizaciones del transporte libre y federado, lleva semanas discutiendo la nivelación de las tarifas. Sin embargo, la representación de los ciudadanos, a través de Fejuve y el Control Social, se ve diluida por el claro favoritismo hacia los transportistas por parte de los integrantes del comité.
Se ha debatido “de dientes para afuera” un estudio de costos que debe ser evaluado posteriormente por el Concejo Municipal. En la página web del municipio no aparece el proyecto o el estudio tarifario, lo cual compromete la transparencia del proceso e impide a los ciudadanos ejercer su derecho de acceso a la información. Esta omisión obra contra la imagen de la administración municipal. Parece que existe miedo de que los ciudadanos decentes se enteren de alguna sarta de barbaridades que aparecen en esos documentos.
De todos modos, la ciudadanía cochabambina exige que cualquier proyecto relacionado con el incremento sea socializado de manera abierta y transparente. La falta de claridad y comunicación efectiva ha dado lugar a especulaciones y desconfianza, lo que debilita la credibilidad de las autoridades municipales. Nadie se equivoca cuando pide que un plan efectivo incluya no solo una revisión de las tarifas, sino también la renovación y estandarización de las unidades de transporte para garantizar un servicio más eficiente y seguro.
La última modificación de las tarifas data de 2014, durante la gestión del alcalde Edwin Castellanos. Desde entonces, el costo oficial del pasaje ha permanecido en Bs 1,90. Sin embargo, la propuesta actual supuestamente plantea un incremento que oscila entre Bs 2,18 y Bs 2.67, con algunos dirigentes aturdidos abogando incluso por redondearlo a Bs 3. Este aumento representa un cambio significativo, por lo que cualquier ajuste excesivo podría afectar gravemente a la economía de las familias más vulnerables.
El alcalde de Cochabamba ha justificado el posible incremento argumentando que los transportistas enfrentan dificultades económicas debido al alza en los costos de los productos de la canasta familiar y otros insumos esenciales. Aunque el alcalde asegure que está buscando un consenso que proteja la economía de los ciudadanos, lo menos que tiene que hacer es asumir su postura demasiado indulgente con los transportistas.
Frases como “Estamos pensando en los transportistas porque ellos también están pasando una situación crítica” pueden ser interpretadas como un intento de legitimar una medida que prioriza los intereses de un sector en detrimento de la mayoría. Además, existen señalamientos sobre posibles convenios ocultos que podrían estar influyendo en las decisiones municipales.
Los transportistas argumentan que el incremento de la tarifa es una medida necesaria debido al alza de los costos de lubricantes, autopartes y otros insumos. Además, mencionan que los perjuicios ocasionados por la falta de combustible y la crisis económica justifican esta demanda. Sin embargo, estos argumentos han sido puestos en duda por la ciudadanía, que considera que muchos transportistas disfrutan de ingresos superiores al promedio, lo que relativiza su situación de “crisis”.
El debate sobre el incremento de la tarifa del transporte en Cochabamba no debe limitarse a números y cálculos. Es fundamental priorizar la transparencia, garantizar una representación equitativa de los intereses ciudadanos y fomentar la modernización del sistema de transporte. La nivelación de tarifas debe ir de la mano con una mejora tangible en la calidad del servicio, desde unidades en buen estado hasta un trato digno hacia los usuarios.
Finalmente, cualquier decisión tomada debe considerar el contexto económico actual, buscando un equilibrio entre la sostenibilidad del sector transporte y la protección de la economía popular. Ante todo, para abrir el diálogo inclusivo y lograr soluciones integrales sobre un sistema de transporte más justo y eficiente, es necesario que el alcalde publique el proyecto tarifario (completito), en papel o en documento electrónico. Después vendrán los aportes valiosos desde la ciudadanía real y tangible.
