Comunarios del Valle de Zongo de La Paz denunciaron ayer que son víctimas de una persecución judicial por parte de dirigentes de una cooperativa minera que opera de forma ilegal en su territorio. La misma ha instaurado acciones penales por distintos delitos contra autoridades locales y pobladores.
La denuncia se suma a una seguidilla de acusaciones contra autores mineros que toman represalias por la fuerza o la justicia para acallar a sus detractores: indígenas o incluso guardaparques.
“Eso es lo lamentable, no es solamente Zongo que viene siendo perseguido; en todo Bolivia estamos siendo atropellados. No sé hasta cuándo el Gobierno no se va a pronunciar para proteger nuestros recursos”, manifestó Rosalina Magueño, consejera de la comunidad Jisk’a K’awa, una de las afectadas por la minería ilícita en Zongo.
“Pedimos respeto a la igualdad de jerarquía, al pluralismo jurídico, cese a la persecución de las autoridades indígenas”, señaló Eusebia Zambrana, autoridad de la Justicia Indígena Originaria Campesina en Zongo.
Los pobladores de este sector indicaron que desde hace más de 40 años un empresario minero opera en la región para extraer scheelita (mineral formado por wolframio y calcio), pero debido a la intensa contaminación y a la división generada en las comunidades en 2010, se resolvió mediante la justicia indígena originaria la expulsión del mismo.
Pese a estas determinaciones, el empresario, que conformó la cooperativa 28 de Octubre, continúa trabajando en el lugar sin licencia ambiental ni derecho minero, según documentos obtenidos de la AJAM, la Gobernación de La Paz y el Ministerio de Medio Ambiente.
Al contrario, los denunciantes señalaron que fueron atacados con dinamitas y ahora se les instala procesos judiciales. Al menos 42 indígenas, entre ellos tres autoridades jurisdiccionales locales, estarían procesadas penalmente por extorsión y avasallamiento en los tribunales de La Paz.
El TCP respaldó en 2013 y 2018, a través de una declaración y una sentencia constitucional, la decisión de la justicia indígena originaria de expulsar a los actores mineros por el nivel de contaminación generada en la región. Estas resoluciones no fueron acatadas señalaron los afectados.
“No tienen licencia ambiental, no hubo consulta, sólo persecución penal contra nosotros. Ya son como 14 años que estamos con este problema”, añadió Eusebia Zambrana.
Las represalias llegan a servidores
El pasado lunes, comunarias del ayllu Acre Antequera, en Oruro, informaron que fueron golpeadas y agredidas por mineros que operan de forma ilegal en la región (provincia Poopó).
En febrero de este año, se conoció que dos guardaparques eran procesados por la vía penal por mineros auríferos. La justicia los absolvió y cerró el caso.
