Opinión

Después de 20 meses de iniciado, el proceso para la realización de las elecciones judiciales parece encaminarse a su fin en una modalidad ajena a lo prescrito en la Constitución Política del Estado (CPE).

Esa distorsión, la larga lista de peripecias que ha vencido este trámite y, sobre todo, la deteriorada confianza que inspira en los bolivianos la administración de justicia nacional, plantean la necesidad de un serio cuestionamiento al sistema judicial vigente en el país.