El directorio en pleno de la petrolera estatal peruana Petroperú presentó este martes su renuncia, tras no recibir una respuesta del Gobierno peruano a sus solicitudes de tomar una decisión ante la "insostenibilidad financiera" de la empresa, informó un comunicado oficial.
El directorio, presidido por Oliver Stark y nombrado por la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú, afirmó que ha "cumplido con la responsabilidad asignada, y en las condiciones actuales, resulta inviable continuar con el encargo recibido".
"Los firmantes dejan constancia de que no se hacen responsables de los alcances ni de las consecuencias de cualquier norma legal que eventualmente se apruebe, ni de la oportunidad en que se realice", agregó en el comunicado publicado en la página oficial de la empresa estatal.
El directorio recordó que "ha estado alertando al Gobierno desde el inicio de su gestión sobre la insostenibilidad financiera que enfrenta la empresa" y que ha reiterado "que es necesario tomar la mejor decisión respecto al futuro de la compañía".
"Habiendo transcurrido varios días sin que el Gobierno se haya pronunciado, los directores designados por la JGA, de manera unánime, hemos presentado nuestra renuncia", agregó.
Sus integrantes señalaron que consideran que han "cumplido con la responsabilidad asignada, y en las condiciones actuales, resulta inviable continuar con el encargo recibido".
Tras agradecer a la JGA, el directorio señaló que desea "profundamente que sus decisiones sean las mejores para un país que no quiere seguir viendo cómo los recursos escasos, necesarios para reducir las enormes brechas sociales, se destinan a Petroperú sin exigir una hoja de ruta clara, rendición de cuentas y resultados exitosos".
La posición del Gobierno
El pasado miércoles, el Gobierno peruano anunció que estaba evaluando la posibilidad de que sea un 'PMO' (oficina de gestión de proyectos por sus siglas en inglés) el que lleve adelante el resurgimiento de Petroperú.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró que la empresa tiene una serie de deudas "significativamente grandes" que requieren medidas "absolutamente inmediatas y drásticas".
Petroperú tiene a su cargo varias refinerías en el país, la última de las cuales fue construida en la norteña ciudad de Talara, así como el Oleoducto Norperuano, y distribuye combustibles en zonas altoandinas y alejadas de la Amazonía, donde no llega la oferta privada.
Hasta diciembre de 2023, la deuda financiera de la empresa ascendía a 6.112 millones de dólares y sus pérdidas a 800 millones de dólares, según información de la propia compañía.
Adrianzén ratificó que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte "ha descartado de manera categórica que vaya a ser privatizada", y, más bien, insistió en que "el rol que cumple en estas poblaciones debe seguir y debe de garantizarse, pero no de cualquier manera".
El directorio de Petroperú planteó, hace un par de meses, que se entregue la administración de la empresa a una entidad privada y reducir sus activos, al máximo, para aliviar su crisis financiera, pero el Ejecutivo no había manifestado su opinión hasta la fecha.
A fines de agosto pasado, Oliver Stark afirmó que quería "extirpar" la "injerencia política" en la gestión de la compañía y, poco antes de esas declaraciones, la JGA pidió al Gobierno que contemple la posibilidad de aceptar la quiebra o liquidación de la compañía.
