El Ministerio Público imputó al activista en derechos humanos Fernando Hamdan por los delitos de terrorismo y alzamiento armado, al considerarlo parte del plan golpista del 26 de junio; el activista aseguró que se trata de un “teatro”, y defensores de derechos humanos hablaron de persecución política.
El Ministerio Público tomó en cuenta las declaraciones de cuatro personas que confirmaron que el activista de derechos humanos sostuvo una reunión con el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, pero no precisaron si se habló sobre la toma militar.
Hamdan admitió que se reunió con Zuñiga, pero sin afanes golpistas. “Esto es un teatro. Me hablaron por derechos humanos, por los presos políticos, yo me reuní con el general Zúñiga. Yo no tengo nada que ver, no tengo poder para articular un golpe de Estado”, sostuvo en su presentación a la prensa por el Ministerio de Gobierno y la Policía.
Agregó que Zuñiga pedía garantías porque se sentía amenazado por el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y por la tensión dentro del gabinete presidencial. “Quería que como Derechos Humanos seamos garantes. No hay ningún golpe aquí, esto es un teatro”, dijo.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que se encontraron elementos que pone en evidencia que Hamdan es tan responsable como Zúñiga en el caso del presunto golpe de Estado.
Agregó que el acusado llegó el lunes 24 de junio a La Paz desde Santa Cruz y lo fue a recoger personal de inteligencia, un capitán del Ejército de apellido Ángulo. “Efectivos habían amedrentado a personal de un hotel para que no quede registro de la vista de Hamdan. Además, personal del ejército trasladó a este hombre para que tenga reuniones con distintas personas”, explicó.
Del Castillo aseguró que dijo se reunió el 24 de junio con Zúñiga por más de tres horas. “Ahí planificaron el golpe de Estado en Bolivia”, sostuvo. Asimismo, señaló que el mismo 26 de junio se registraron al menos nueve llamadas entre Hamdan y Zúñiga.
Del Castillo finalizó indicando que Hamdan entregó a Zúñiga una lista de las personas que integrarían el nuevo gabinete.
Persecución política
El activista de Derechos Humanos Franco Albarracín dijo que la aprehensión de Hamdan es el inicio de la profundización de la persecución política en el país.
“Ya no se está enjuiciando o procesando a personas el gobierno transitorio o a opositores políticos; ahora se está persiguiendo a todo aquel que expresa molestia contra el Gobierno”, denunció.
El objetivo del Gobierno es, a juicio de Albarrachín, coartar el derecho a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos en una coyuntura de profunda crisis política y económica.
