Las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) 2021-2025 que planteó el Gobierno del presidente Luis Arce al inicio de su gestión están lejos de cumplirse. La caída en la producción del gas y los retrasos en la producción de carbonato de litio parecen jugar en contra para alcanzar los números plasmados en el papel. La inflación es el indicador macroeconómico más cerca de ser alcanzado.
En el PDES se proyectaba un crecimiento promedio del PIB de 5,1 por ciento en los cinco años de la actual administración; sin embargo, hasta este año, si se cumplen los pronósticos del Ejecutivo para esta gestión, se estaría en un promedio de 3,9 por ciento (ver infografía).
Asimismo, el crecimiento de la economía sería impulsado por la inversión pública, que con la administración del MAS se profundizaría bajo el modelo económico que tiene al Estado como protagonista de la administración de la riqueza nacional. De esta manera se proyectaba que entre 2021 y 2025 se invertirían casi 33.200 millones de dólares.
De acuerdo con datos oficiales, hasta 2023 se ejecutó una inversión pública de alrededor de 7.880 millones de dólares. Más en 2024, si es que se ejecuta el 100 por ciento de lo previsto en el PGE, se alcanzaría una inversión pública de 12.154 millones.
Esto implicaría que en 2025 el Estado debería invertir más de 21 mil millones de dólares para alcanzar las proyecciones del PDES (ver infografía).
El indicador macroeconómico que posiblemente esté más cerca de ser alcanzado es el de la inflación, ya que en el plan se estimaba una inflación promedio de 4,7 por ciento en los cinco años. En los tres primeros años del Gobierno de Arce, la inflación se mantuvo en un promedio del 2 por ciento, con precios estables que en las últimas semanas han comenzado a escalar con la dificultad de los productores para acceder a dólares al tipo de cambio oficial.
Los Tiempos intentó conocer la posición del Gobierno con relación al avance del PDES, pero no se obtuvo respuesta a las interrogantes planteadas. Sin embargo, en conferencia de prensa, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, manifestó, al ser consultado sobre el tema: “La evaluación del Plan de Desarrollo está en el marco de la normativa. Se tiene que hacer una evaluación de medio término y estamos recibiendo la información de las diferentes entidades”.
El economista Germán Molina señaló ya en enero de 2023, en 16 años (en referencia a los anteriores planes en los gobiernos del MAS) nunca se conoció de forma pública una evaluación de los resultados alcanzados.
El analista de la Fundación Jubileo, René Martínez, señaló que el plan “no fue realista” y que el modelo de un Estado empresarial generó caída de reservas internacionales (RIN) y déficits fiscales seguidos. “Estamos con menos recursos y los niveles de inversión pública están lejos de lo proyectado y el crecimiento del PIB está por debajo”.
Martínez considera que la sustitución de importaciones tampoco será posible con condiciones que no fomentan la producción nacional, sino más bien el contrabando.
Asimismo, los analistas apuntaron que el Gobierno adquiere más deuda externa e interna para financiar la inversión pública y el gasto, pese a que en el plan se señalaba que “se busca cambiar la dependencia del financiamiento externo y las donaciones por mayor ahorro interno”.
Menos gas
El plan gubernamental contemplaba llegar a 2025 con una producción de gas de 46 millones de metros cúbicos día (m3d), pero a la fecha el país produce alrededor de 35 millones de m3d.
En cuanto al litio, la industria perfilada como un importante generador de ingresos para Bolivia, se proyectaba llegar a 2025 con ventas por encima de los 3 mil millones de dólares, pero en 2023 se cerró con menos de 15 millones de dólares exportados de carbonato de litio.
Los recientes anuncios del gobierno de que se encontraron fallas en el diseño del complejo industrial de litio que dificultarán la producción y generarán mayores gastos apuntan a un panorama poco prometedor y a un “engaño” de las autoridades, indicó el legislador de oposición Juan José Tórrez.
El PDES plantea que el Estado tiene “un papel protagónico para contrarrestar diversas contingencias” y que el modelo económico “requiere una participación activa y sostenida del Estado como planificador y redistribuidor”.
Martínez señaló que dados los resultados poco alentadores las políticas públicas deberían ser reformuladas e “ir por otra vía ya que esta nos ha llevado al colapso económico. Nosotros planeamos dar un giro y generar condiciones para impulsar la producción local, como seguridad jurídica e incentivos”.
En un informe de fines de 2021, antes de la escasez del dólar y el desplome de las RIN a menos de 2 mil millones de dólares, la Fundación Jubileo ya señalaba que no se advertían políticas que cambien los resultados negativos conseguidos con el mismo modelo.
