Postulantes inhabilitados se resisten y alistan impugnación masiva

Fueron 715 profesionales que presentaron sus documentos a lo largo de 20 días que duró la fase de registro de candidatos a magistrados del Órgano Judicial y sus cuatro cuerpos. Este viernes concluyó la revisión de los requisitos y la balanza de los aprobados e inhabilitados está al límite, hay un 47% de habilitados y un 53% de inhabilitados, esa mayoría de profesionales que quedó fuera alista la impugnación que se iniciará este lunes.

“Estaba revisando la lista de inhabilitados y lamentablemente los que aparecen como habilitados son los jueces y los postulantes de La Paz, pareciera que se da más importancia a los varones; yo diría que hay hasta un criterio regional porque al ver la lista se ve que hay más inhabilitados en el oriente y no así en el occidente”, declaró Vivian Torrez Saavedra, una de las cuatro profesionales mujeres que se postularon al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por Santa Cruz y todas resultaron inhabilitadas.

La inscripción de las postulaciones se inició el 20 de febrero; el último día de presentación de postulaciones fue el 10 de marzo y al día siguiente se iniciaba la revisión de los expedientes, esa revisión terminó el viernes y ahora se viene la fase de impugnaciones.

Según los cuadros de la Veeduría Ciudadana, Santa Cruz presentó 17 postulantes y solo calificaron dos; Beni presentó 12 y también calificaron 2; Pando acudió con 10 profesionales y calificaron cuatro, en todos los casos solo fueron habilitados varones. En el otro frente, 36 profesionales se presentaron por La Paz, en su mayoría jueces, y se habilitaron 8 mujeres y 19 varones, es la región que más representación tiene.

Requisito

“Contar con experiencia de al menos ocho (8) años en el desempeño de funciones en instituciones públicas, privadas o en el ejercicio libre de la profesión, relacionadas al área de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo o Derechos Humanos”, así señala el requisito específico cuarto que fue la principal barrera para que el 44% de los candidatos al TCP quedara en el camino.

Juan José Subieta Claros, es otro profesional que fue descalificado por no cumplir este requisito. Pero no se rinde, asegura que él cumple no solo con 8 años sino 19 años en el derecho constitucional. Como él otros profesionales al TSJ, el Tribunal Agroambiental o el Consejo de la Magistratura, también pelearán por quedarse el el proceso de preselección.

“Que me dijeran que no tengo experiencia en derecho corporativo acepto, pero no me pueden decir que no tengo experiencia en el área constitucional, eso ya es faltar a la verdad y si al final me la niegan pues me lo niega nomás, uno tiene su conciencia tranquila”, dijo Subieta.

Freddy Durán Montero, es un abogado que se presentó para el TCP por Santa Cruz, sin embargo, un error de registro lo puso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ya en la sesión se aclaró que su postulación estaba errada y corrigieron su candidatura; sin embargo, también fue descalificado por el requisito específico cuarto. Dijo que tiene el fin de semana para decidir si impugnará su inhabilitación.

Los tiempos

Las inhabilitaciones son una parte del proceso que define la permanencia o salida de algún candidato, porque desde el lunes se abrirá el periodo para que los inhabilitados apelen y puedan se repuestos; pero al mismo tiempo se abre un periodo de impugnaciones desde la ciudadanía o de la propia Asamblea contra aquellos candidatos que consideren que no merecen estar en este proceso.

“Cualquier persona individual o colectiva, incluidos los Asambleístas de la Cámara de Diputados y Senadores, podrán impugnar a las o los postulantes, con fundamento y adjuntando prueba idónea, dentro del plazo establecido, las que deberán ser notificadas al postulante impugnado por medios electrónicos (correo electrónico o WhatsApp)”, señala el artículo 29 de la ley 1549 que regula estos comicios judiciales.

El candidato tiene cinco días para apelar su inhabilitación; la comisión respectiva tiene cinco días para resolver esa observación a partir de la recepción de la apelación. Paralelamente, la ciudadanía podrá hacer llegar sus impugnaciones contra cualquiera de los 351 candidatos habilitados y cuyos nombres fueron publicados sábado y domingo. Estos últimos impugnados también podrán solicitar la revisión de esa impugnación y presentar descargos y ahí se abre otro periodo de cinco días para resolver el caso. Con lo que se habrá consumido 20 días calendario. Así se llegará hasta el 7 de abril cuando se iniciará el periodo de evaluación.

Los números

“Entiendo que el colega que está conmigo y yo somos los que hemos cumplido los requisitos establecidos en la ley, los requisitos mínimos y específicos, por eso seguramente estamos en esta etapa” dijo satisfecho Douglas Sahagun Daza uno de los dos clasificados que tiene el departamento de Santa Cruz al TCP.

El TCP y el TSJ tienen representación departamental y por eso los profesionales deben inscribirse por la región a la que pertenecen. Son 18 magistrados por cada cuerpo 9 titulares y 9 suplentes. La Ley indica que la Asamblea debe enviar un mínimo de 36 candidatos por cada uno de los cuerpos, es decir 72 candidatos al TCP y TSJ.

Hasta 2017 la participación femenina y de profesionales indígena originario siempre fue el problema. Ese año el MAS modificó la Ley y estableció que si una región tiene déficit de participación se puede suplir con profesionales de otras regiones.

“Excepcionalmente, a falta de un representante indígena originario campesino o en caso de que no se llegue a la equidad de género, se habilitará a la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación que sea indígena originario campesino o mujer, según corresponda, del número total de postulantes a nivel nacional”, señala el artículo 37 de la Ley 1549.

Fue por esa razón que los parlamentarios ni siquiera debatieron la posibilidad de ampliar el registro de postulaciones. Los asambleístas esperan que en este periodo de apelaciones suba el número de participantes mujeres e indígena campesinos.

Los prorrogados

Los actuales magistrados que se autoprorrogaron en sus cargos no tuvieron empacho en presentarse nuevamente como candidatos siete varones y seis mujeres que forman parte o formaron parte del TSJ, TCP, Tribunal Agroambiental o Consejo de la Magistratura postulan a otros cargos.

“Desde el punto de vista ético ¿por qué sería contradictoria la postulación? porque yo he cumplido con todo, no he sido irresponsable ni incapaz, nos estamos presentando cumpliendo la norma, la Ley nos permite”, dijo Olvis Eguez Oliva, prorrogado del TSJ pero que fue inhabilitado. Había postulado a ser magistrado del TCP, pero no tenía los 8 años de experiencia en derecho constitucional que exige el requisito cuarto.

Edwin Aguayo Arando, Ponciano Ruiz Quispe o Ángela Sánchez Panozo también corrieron la misma suerte, fueron inhabilitados.