Bolivia sufre el peor desastre ambiental de su historia por los incendios que hasta el 30 de septiembre consumieron 10,1 millones de hectáreas, superando el récord histórico registrado en 2019, que fue de 5,3 millones de hectáreas, según la investigación presentada ayer por la Fundación Tierra.
Desde el Gobierno rechazaron los datos de la institución y ratificaron un daño de 6,9 millones de hectáreas en los cuatro meses que arde el oriente del país.
Santa Cruz y Beni son los departamentos más afectados: además del fuego, encaran la contaminación ambiental calificada como extremadamente mala y “riesgosa”. La humareda llevó a las autoridades a suspender las clases presenciales en Santa Cruz.
Décima parte del país
El investigador de la Fundación Tierra Gonzalo Colque precisó que este año se quemaron 10.125.400 hectáreas; de ese total, 5,8 millones de hectáreas, es decir el 58 por ciento, corresponden a bosque, es decir que se quemó la décima parte del territorio. “Los últimos datos reflejan que el 10 por ciento del país ha sido quemado”, remarcó.
Los 10,1 millones de hectáreas quemadas superan el récord histórico en 2019, cuando se quemaron alrededor de 5,3 millones. La diferencia es de 4,8 millones de hectáreas, lo que equivale a un aumento de 90 por ciento, de acuerdo con la investigación.
Los investigadores de la Fundación Tierra aclararon que la información proporcionada fue trabajada con base a mosaicos satelitales.
Los incendios empezaron en junio, pero en septiembre se concentró la mayor parte de los incendios, se quemaron hasta 150 mil hectáreas por día, y en agosto hubo un promedio de 115 mil hectáreas quemadas por día.
La organización concluyó que, “en gran medida, los territorios indígenas, las áreas protegidas y parte de las tierras fiscales han sido víctimas del fuego descontrolado, pero también han sido focos de origen del fuego provocado dentro de las zonas con desmontes, asentamientos y ocupaciones de hecho”.
Los responsables
Otra de las conclusiones es que “los principales tipos de propiedad agraria implicados son dos: las grandes propiedades ganaderas con autorizaciones de desmontes de la ABT y las comunidades asentadas por el INRA en tierras fiscales. Gran parte de los incendios tiene su origen en las áreas desmontadas para monocultivos a gran escala”.
Recomendó la aplicación inmediata y rigurosa de la ley, sin ningún tipo de injerencia política para identificar y sancionar a los responsables. Asimismo, instó de manera urgente a las autoridades y a la población a iniciar un proceso de “construcción de un pacto social por los bosques” para evitar un nuevo desastre en 2025.
Bomberos siguen en combate
La amenaza de fuego persiste en dos comunidades en Roboré, y bomberos lamentaron que luchan sólo con “machete y palas”. Hay dos comunidades amenazadas por el fuego desde hace cinco días.
En el caso de Beni, el Gobierno llevó 20 toneladas de ayuda para tres municipios: Riberalta, Guayaramerín y Gonzalo Moren y se comprometió a la reconstrucción de las casas quemadas.
