Comienza una nueva semana, para los conflictos del magisterio con el Gobierno por la malla curricular y otras demandas es la quinta consecutiva y el problema, que en principio parecía no tener mayor importancia, tiende a agravarse cada vez más.
De muchos años, vemos que un conflicto con los maestros llega a la suspensión de clases, pues éstas, durante los últimos años, sólo fueron afectadas por la pandemia, una huelga de transporte o algún otro asunto colateral.
Pero no, el conflicto con el magisterio va creciendo: se pasó del paro de 24 horas al de 48, y los docentes amenazan con aplicar uno de 72 esta semana, todo esto además de la instalación de piquetes de huelga de hambre, bloqueos en cada esquina, cotidianas marchas de protestas y enfrentamientos con las fuerzas del orden con gasificaciones incluidas.
La reacción del Gobierno ha sido la de siempre: minimizar el efecto de las medidas de presión. Cuando ocurrió el paro de 24 horas, el Ministerio de Educación dijo que sólo había acatado la convocatoria el ocho por ciento de los colegios. Y en el paro de 48 horas, el diario estatal El Pueblo informaba que “de las 4.752 unidades educativas, 3.637 trabajaron con normalidad”. De atender estos números fríos, tendríamos que decir que 1.115 colegios (casi 25 por ciento, la cuarta parte) fueron afectados. No es poca cosa. Y ojo, que aún no entramos en los matices de colegios que prefieren pasar clases virtuales o mandan tarea con la nueva modalidad a la que ahora llaman “clase asincrónica”.
Unas palabras más, unos números menos, lo cierto es que el conflicto lleva ya buen tiempo perjudicando la educación de los estudiantes, y ya es tiempo de que ambas partes se sienten a dialogar y estén dispuestas a ceder en algo.
Los maestros aprovecharon para incluir en su pliego demandas que no sólo tienen poco o nada que ver con la malla curricular, como la jubilación con el cien por ciento. Ya se podría dejar de lado esto y concentrarse en los temas de presupuesto, ítems, compensación de la carga horaria para solucionar el déficit histórico y otros.
Por su lado, el Gobierno también debería ir pensando qué puntos son posibles de atender técnica y económicamente hablando y no limitarse a calificar el conflicto como una movilización política. Cuando los maestros hablan de que sólo les ofrecen compensar 5.000 horas mientras el déficit es de 700.000, está claro que hay una brecha enorme entre oferta y demanda. Alguien está fuera de lugar.
El Ministerio de Educación convocó a una nueva reunión, hoy, para analizar el tema. Hacemos votos porque ambas partes asistan con la predisposición de negociar sin empecinarse en posiciones radicales, en escuchar a la otra parte y, llegado el caso, ceder en algunos aspectos. Se los pedimos por la población, por la ciudadanía, por nuestros niños.
