Ayer se celebró el aniversario de creación de las Fuerzas Armadas (FFAA) con la habitual parada militar que este año fue en Tarija.
La ocasión sirvió para conocer algunos detalles de las acciones castrenses en la lucha contra el contrabando —una tarea mencionada por el jefe de Estado en su discurso— y calificada de muy riesgosa para el comandante en jefe de las FFAA.
Esas informaciones contribuyen a reflexionar acerca del papel específico que se espera de las FFAA —institución privilegiada del Estado debido al tratamiento pecuniario que reciben sus oficiales y suboficiales— en un sistema democrático de un país que se declara pacifista en su Constitución Política.
“Hoy más que nunca nuestras FFAA tienen la tarea de precautelar nuestras fronteras, luchar contra el contrabando (…)”, decía el presidente del Estado en su discurso de circunstancia.
Si bien la Constitución Política del Estado no atribuye a los militares esa misión, su concurso en la lucha contra aquella actividad ilegal se justifica por su magnitud y difícil control, además del perjuicio que provoca a los productores nacionales y al Estado al evadir los impuestos de importación y exportar combustibles.
Se trata de una tarea cuyas “operaciones implicaron un alto nivel de riesgo para nuestra institución ya que los contrabandistas están organizados y armados. Lo que a la fecha nos ha generado ocho fallecidos y 25 heridos de los cuales 10 se encuentran con incapacidad permanente”, refería ayer el comandante en jefe de las FFAA.
Si bien esos riesgos están reservados a militares profesionales, es decir que excluye a los conscriptos, éstos están expuestos a los riesgos del abuso que sufren durante su servicio militar.
“Al menos 62 conscriptos murieron en cuarteles del país mientras realizaban ejercicios forzados, por armas y agresiones físicas entre 2010 y 2023, según reportes de prensa e informes oficiales”, informaba a fines de abril el diario cruceño El Deber.
Entre 2013 y 2022, la Defensoría del Pueblo registró 131 denuncias por tortura y malos tratos en los cuarteles.
Esos datos evidencian una realidad castrense nada comprensible en un país pacifista y denotan, junto con las denuncias contra oficiales militares por violencia intrafamiliar, una mentalidad peligrosa que debería preocuparnos al tratarse de una institución fundamental del Estado.
Es cierto que los militares ejecutan también misiones de asistencia a comunidades afectadas por los desastres naturales, coadyuvan en la luchan contra incendios forestales y erradican cocales ilegales.
Pero todo ello no parece corresponder completamente al rol de unas FFAA que los bolivianos desearíamos tener.
