La violencia sexual es probablemente una de las peores formas de agresión, tanto por sus consecuencias como por la dificultad que tienen las víctimas para hablar sobre el tema, lo que se agrava cuando se trata de niñas y niños.
Las cifras de casos de este tipo denunciados en las instancias estatales bolivianas correspondientes son alarmantes. Y si se considera que muchísimos otros no son denunciados, la indignación tendría que ser mayor.
Pero alarmarse no es suficiente para detener esas vejaciones. Es necesaria una mayor sensibilidad de la población en general acerca de este flagelo y ese es uno de los propósitos por los que, en 2007, una ley ha declarado el 9 de agosto Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes.
Ayer comenzaron las manifestaciones promovidas por instituciones vinculadas al tema y seguramente hoy tendrán lugar actos oficiales con el mismo motivo: solidarizarse con las víctimas de abusos sexuales e impulsar su prevención, especialmente en lo que respecta a los menores de edad.
Hablar sobre el abuso sexual es sin duda necesario pues se trata de una violación directa a los derechos humanos. “Es el problema de salud pública e injusticia social más tolerado culturalmente”, refiere una publicación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) por sus siglas en inglés.
“A escala mundial, en promedio el 8% de niños y niñas menores de 18 años sufre algún tipo de violencia sexual. En Bolivia el promedio es de 23%. En el mundo el 20% de las niñas sufre agresiones de este tipo; en Bolivia el promedio llega al 34%”, señala un informe de la Defensoría del Pueblo publicado hace ocho años.
Nada permite pensar que esos vejámenes sean hoy menos frecuentes o menos numerosos.
Según reportes del Ministerio Público del 1 de enero al 26 de junio de 2023, en el país se registraron 5.080 casos de delitos sexuales —en promedio, más de uno cada hora— 1.701 fueron abuso sexual y 1.201 violación de infante, niña, niño o adolescente.
Es cierto que el Estado tiene mucho que hacer para mejorar esta triste situación, especialmente en lo que respecta a “los obstáculos de acceso a la justicia” para las víctimas de abuso sexual”, como lo constató a fines de mayo la Mesa Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia.
Pero ni eso ni más leyes que penalicen la violencia sexual serán suficientes para disminuirla mientras la ciudadanía toda permanezca insensible y mire a otro lado cuando ocurren, o parecen ocurrir, esas agresiones en el entorno.
