El pasado martes, el viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, advirtió que el actual marco impositivo del sector de hidrocarburos en Bolivia podría llevar a una dura caída en los ingresos por impuestos y regalías si no se ajusta para atraer inversiones privadas. Es decir, cuestionó el 80% de participación estatal de la renta petrolera, lo cual, según explicó, desincentiva las inversiones extranjeras.
Mayta hizo estas observaciones en un momento en que se toma conciencia de la situación crítica en la que se encuentra el país en materia de hidrocarburos, asumiendo, además, que durante los 18 años anteriores no se descubrieron más yacimientos petroleros que aseguren la producción. Una de las primeras conclusiones es modificar la actual Ley de Hidrocarburos.
Justamente ayer, el diputado Jerges Mercado presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de Incentivos y Desburocratización para la Exploración o Explotación de Hidrocarburos. Los detalles de esta propuesta recién se empiezan a desgranar, pero lo importante es que estas actitudes develan la apertura y actitud propositiva que existe en fuentes oficiales para corregir el sistema normativo en materia de hidrocarburos.
Es un buen punto de partida: dejar de lado posiciones ideológicas (así ponga en riesgo el discurso de la nacionalización) y empezar a proyectar el futuro desde un punto de vista técnico. Está por demás demostrado que las condiciones actuales de la Ley de Hidrocarburos son todo menos atractivas para las inversiones internacionales. Y estas mismas posturas deben asumirse en otros aspectos que tengan que ver con los hidrocarburos, tales como las subvenciones de los combustibles (diésel y gasolina), el tema de los impuestos, las regalías departamentales… en fin, tendrá que discutirse lo que deba discutirse.
Los analistas aplauden esta postura, celebran esta nueva posición de las autoridades de Gobierno, recuerdan que se tuvieron muchos años para ello y, aunque en todo este tiempo no hubo avances, es posible que aún no sea tarde. Eso sí, cualquier modificación que se realice a la Ley de Hidrocarburos no generará resultados inmediatos, sino en un plazo de 10 a 15 años, por lo que será importante empezar lo antes posible.
El viceministro Raúl Mayta indicó también que existe la estrategia de presentar las certificaciones de reservas de gas del 2022 y 2023 juntas para que haya una “corroboración de datos y validación”.
Y eso trae otra demanda persistente a las autoridades de Gobierno: transparencia, sincerarse sobre la cantidad exacta de reservas que aún quedan. Mucho por avanzar, pero al menos ya se señaló hacia dónde ir.
