En poco más de siete meses, la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil ha atendido a nivel nacional 1.634 casos de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de violación. Esta cifra es alarmante y debe preocupar a los administradores de justicia, a las autoridades de todos los niveles, a los educadores, a los padres de familia y a la sociedad civil en general, para que se tomen acciones al respecto.
Se trata de 1.634 vidas frustradas por personas inhumanas, muchas de las cuales no han sido sancionadas por la justicia, a pesar de que las víctimas denunciaron y se sometieron a procesos indeseables.
En total, los casos relacionados con la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia N° 348 suman 30.699, pero los casos de violación han aumentado un 7,57 por ciento en relación con el mismo periodo de 2023. La violencia continúa naturalizada en muchos hogares; prueba de ello es que la cifra que resalta y tiene mayor incidencia es la que ocurre en el ámbito familiar, con 23.182 casos a nivel nacional.
A lo largo de los años, ha habido varios intentos de implementar estrategias para reducir estas cifras. Se aprobó un decálogo de lucha contra la violencia que incluía, entre otros puntos, un mayor financiamiento para las instituciones que trabajan en la prevención y atención de las víctimas.
También se había mencionado que las instancias designadas por ley, como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, deberían estar lideradas por mujeres; sin embargo, esta disposición tampoco se ha cumplido. Existen observaciones sobre el trabajo de las defensorías de la niñez y adolescencia debido a que la atención no es suficiente ni oportuna. Además, la coordinación con los servicios legales integrales presenta fallas en el manejo de los casos.
Por lo tanto, es necesario trabajar arduamente desde el interior de las familias, escuelas, colegios, universidades, barrios, mercados, y en todas las instituciones públicas y privadas, con el fin de evitar que más personas sean víctimas de algún tipo de violencia.
La capacitación de los administradores de justicia y la Policía también es crucial, siempre y cuando lo que se imparte se traduzca en una atención efectiva a las víctimas y no se quede sólo en el papel. Se han documentado muchos casos de maltrato y revictimización por parte de médicos forenses, fiscales, policías y funcionarios municipales o departamentales, quienes, seguramente, también han asistido a talleres y seminarios.
La perspectiva sobre la violencia debe cambiar y ser abordada con mayor seriedad. No podemos permitir que una mujer, niña o niño sea agredido. Debemos denunciar y asumir el compromiso de erradicar estas acciones, sin importar su origen.
