Es asustador en lo que ha derivado el “proceso de cambio”, la consigna repetida por jefes y seguidores del MAS. De la promesa de transformaciones sociales, políticas y económicas en Bolivia que marcaron sus primeros años en la disputa política partidaria y, luego, de gobierno, la consigna parece limitarse hoy al cambio de etiqueta con la que se identifican unos y otros: de “¡hermano!” a “¡narco!”. No es un cambio menor, ni para el MAS, ni para “Bolivia, paraíso del narcotráfico”, como tantas veces ha sido sindicado nuestro país.
Para el MAS, este “proceso de cambio” es lapidario. O debiera serlo. Estamos hablando de acusaciones graves que se están lanzando jefes y militantes de un mismo partido. En el caso que nos ocupa, nada menos que del partido de gobierno. Divididos hoy en dos alas, una evista y la otra arcista, ambas parecen coincidir en algo: el partido está contaminado por el narcotráfico. La única diferencia que los separa es que los evistas dicen que el ala de quien preside hoy el país, Luis Arce, está plagada de narcos, mientras que los arcistas aseguran que los peces gordos del narcotráfico están más bien bajo el ala de Evo Morales.
No por nada alguien sintetizó la dura pelea interna del MAS con tres palabras: guerra de cárteles. Así parece ser si tomamos en serio las acusaciones cruzadas entre ministros y exministros, parlamentarios y voceros de primera línea de ambos bandos, que no ahorran recursos de todo tipo, incluyendo los típicos organigramas policiales usados para explicar cómo se organizan y actúan las redes delincuenciales, y ni qué decir de los insultos a voz en cuello dichos expresamente en conferencias de prensa.
El exministro de Gobierno en un periodo presidencial de Morales, Carlos Romero, ha llegado al extremo de afirmar que “es difícil que el Gobierno (de Arce) combata al narcotráfico, cuando el Gobierno es narcotraficante”. El blanco preferido de los evistas, sin embargo, es el actual ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Desde el bando de los arcistas las acusaciones no son menores y alcanzan al mismísimo jefe del MAS, Evo Morales. El diputado Rolando Cuéllar es uno de los que más acusa, sobre todo a Romero.
Lo curioso —aunque ya nada debería sorprendernos en este país de ficción— es que, pese a las graves acusaciones mutuas, las autoridades llamadas por ley a iniciar investigaciones correspondientes nada hacen. Miran de palco, callan y otorgan, pese a abundar datos y hechos que obligan a actuar de oficio. Dos hechos recientes dan fe de ello: el de Milner Eustaquio Ruiz y Sebastián Marset Cabrera en esta gestión de Arce, y los de Maximiliano Dávila y Omar Rojas en la de Morales. Esto sin contar el caso de los 478 kilos de droga transportados en vuelo comercial de BoA desde Viru-Viru al aeropuerto de Madrid, en el que se cruzan actores de ambas alas del MAS.
Grave también para Bolivia, porque ese “proceso de cambio” en el MAS deja en evidencia otro cambio, y de fondo, en la penetración del narcotráfico en la política boliviana, un mal que data al menos desde finales de los años 60 e inicios de la década del 70 del siglo XX. Ya no se trata de una influencia marginal en algunos sectores de la sociedad o actores políticos claves, sino de un poder de mando en las estructuras más altas del gobierno de turno. Sobran muestras en el largo periodo presidido por Morales, entre las que hay que incluir la expulsión de la DEA en 2008, la legalización de las plantaciones de coca en 2017 y ampliación del cultivo de 12.000 hectáreas señaladas en la Ley 1008, a 22.000, cuando se conocía que solo se requerían 14.000 hectáreas para el consumo interno.
Algo similar puede ser señalado en el corto periodo que lleva el gobierno de Arce, en el que no se conocen operativos de magnitud contra el narcotráfico, pese no solo al caso del narcoBoA, sino también a los de naves interceptadas en los países vecinos que salieron con droga de territorio boliviano. En ambos gobiernos ocurrieron hechos marcados por una escalada de violencia: desde el cruel asesinato de los esposos David Andrade y Graciela Alfaro, y de los sargentos Gabriel Chambi y Silverio Arroyo a manos de cocaleros en octubre de 2000; al triple asesinato de policías este año en Porongo y más de una veintena de ajustes de cuenta registrados sobre todo en las zonas fronterizas de Bolivia.
Pésimo panorama para un país que padece del flagelo del narcotráfico y su penetración en la política al menos desde la década del 70, al que lejos de combatir y frenar se alienta desde el centro del poder, a la vez que se alimenta una ola de denuncias de crímenes cometidos por/para el narcotráfico y que quedan impunes, abonando el camino hacia la naturalización de este delito y de la violencia que el misma genera.
¿Estaremos esperando otro Huanchaca o una tragedia como la registrada esta semana en Quito —el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio— para reaccionar y ponerle freno al cáncer en el que se ha convertido el narcotráfico en Bolivia y que amenaza hacer metástasis?
La autora es periodista
