El gobernador de Santa Cruz, el departamento más importante de nuestro país, está preso desde hace más de un año, se le acusa de haber hecho un golpe de Estado, lo cual es una grosería criminal del partido de gobierno, en primer lugar porque el presidente de entonces no fue golpeado, no fue depuesto, sino que renunció, y ordenó renunciar a todos quienes pudieron haberlo reemplazado en su misma tienda política, y lo hizo pensando seguramente que la anomia creada haría que él podría volver a la plaza Murillo de la manera que lo hizo Chávez en Venezuela.
Es importantísimo recalcar que la legitimidad de Morales había desaparecido el día en que, de forma completamente abusiva, se postuló para unas elecciones que, de ganar, lo habrían llevado a un cuarto mandato, una aberración inadmisible en nuestra Constitución, que, además, sentaba el precedente para una eternización en el poder y que, insisto, merece ser castigada.
Las acciones del señor Camacho evitaron que el país tuviera que tolerar cómo un individuo y su entorno se eternizaban en el poder, y eso se lo debemos agradecer. No solamente a él, por supuesto, hubo un movimiento enorme de personas que se movilizaron y, por supuesto, no se debe minimizar el rol de la principal fuerza opositora, que fue, además, la más perjudicada por las ilegales maniobras del MAS.
El señor Camacho, habiendo sido elegido democráticamente gobernador del departamento de donde viene, debería gozar de inmunidad mientras dure su mandato, aunque hubiera cometido algún delito. No tener esa salvaguarda para las autoridades es invitar una vez más al abuso de poder que pueden ejercer quienes lo detentan. En este caso, el gobierno central, o quienes en el órgano Ejecutivo manipulan de manera grosera al poder judicial.
Si Camacho hubiera cometido algún delito, este debería ser juzgado estando él en libertad y, si por algún motivo el demandado no quisiera presentarse ante esos juzgados, el Órgano Judicial debería simplemente esperar hasta que el acusado termine su mandato.
El encarcelamiento de Luis Fernando Camacho no solamente es injusto e inhumano para él, es injusto para sus electores y para todo el departamento de Santa Cruz. Y afecta a la convivencia nacional que debido a temas geográficos es bastante deleznable.
Hacer que Camacho deje de ser gobernador de Santa Cruz es definitivamente dar no solo al MAS, sino a la injusticia una victoria, es dar una victoria al abuso de poder.
Estamos viviendo tiempos interesantes, el MAS monolítico está en vías de desaparición, aunque más allá de las acusaciones mutuas que se han lanzado los unos a los otros, es posible que en el momento de la verdad se vuelvan a unir, los canallas se golpean y se abrazan en la misma borrachera.
Camacho debe ser liberado, pero si no lo es, no puede ser además despojado del cargo que le corresponde porque ha sido elegido para este. Mientras tanto, tanto la situación del gobernador preso en las alturas, como la de la expresidenta Áñez, que jamás hizo un golpe de Estado, debe hacer reflexionar al electorado no masista, y a las fuerzas políticas opuestas al MAS.
La única forma de recuperar una justicia imparcial es haciendo que el MAS deje el poder, y la única oportunidad que se puede tener en ese sentido es ganando las elecciones de 2025, y para eso es necesario que se tenga un solo candidato opositor.
La experiencia de las elecciones de 2020 tiene que ser una lección aprendida. Es posible que si se hubiera tenido una sola fórmula no tendríamos hoy a Luis Arce en el poder, o por lo menos habría una mayor fuerza opositora en el Parlamento.
