6 de agosto de 2024. En un año conmemoraremos 200 años de la fundación de la República. Sin embargo, parece que esta fecha no significara mucho, pues no existe ningún proyecto serio no solo de celebración, que al final del día son eventos importante de gran significado que pasan, sino lo que sería verdaderamente trascendental, de análisis y de debate profundo sobre las condiciones en las que el país llegará al Bicentenario y los desafíos que deberá afrontar en lo que queda de este siglo, para por lo menos pretender alcanzar niveles de desarrollo y prosperidad que permitan a sus habitantes tener las oportunidades de vivir con dignidad.
Por el contrario, el desprecio con que se ha tratado a la historia republicana, en el intento de imponer un relato refundacional alrededor del estado plurinacional, ha contribuido a menospreciar lo boliviano, a socavar las bases de la nación boliviana, a ignorar que esa historia en común que, con sus luces y sombras, con sus logros y fracasos, es lo único que nos une en nuestra diversidad y en nuestras diferencias después de dos siglos en los que el centralismo ha burlado la voluntad de los departamentos que fundaron el país con la esperanza de ser respetados en sus anhelos de libertad, progreso e inclusión.
En el ámbito social, difícilmente encontraremos en nuestra historia otro periodo en el cual la sociedad en su conjunto se encuentre más distanciada y enfrentada entre distintos grupos, así como polarizada en diferentes posiciones. La misma sociedad civil que, por un lado, en determinados momentos se moviliza de forma determinante para la definición histórica, por otra, adolece hoy de liderazgos y organizaciones consistentes con las causas que dicen representar y quienes eventualmente surgen, rápidamente procuran asumir espacios de poder político cayendo en las actitudes y conductas que criticaban desde el activismo.
En lo estatal, la desinstitucionalización general de los órganos del estado y de las entidades públicas está destruyendo la credibilidad, la autoridad y la capacidad estatal para cumplir con las funciones que le asigna la Constitución y para brindar efectivamente servicios públicos básicos como justicia y seguridad que, desde la antigüedad, justifican la existencia del poder público.
En lo político se carece de un sistema con organizaciones estructuradas y programáticas que puedan generar proyectos con visión de futuro, que puedan representar auténticamente a la ciudadanía y que puedan generar espacios desde los cuales quienes deseen dedicarse al servicio público puedan asociarse y construir alternativas con equipos capacitados en la administración pública, que gestionen adecuadamente los recursos públicos en los distintos niveles estatales, municipal, departamental y nacional.
En lo económico, seguimos perdiendo las oportunidades que nos brinda un territorio inmenso, una ubicación estratégica y una población proporcionalmente reducida. Después de 40 años de estabilidad, volvemos a una época de volatilidad cambiaria y de escasez estructural de recursos elementales para la economía, como los que constituyen la seguridad energética. Debemos dejar de pensar tanto en los recursos naturales y apostar más al talento de nuestra gente, liberando su espíritu emprendedor para generar riqueza y empleo sostenible.
Bolivia necesita debatirse a sí misma. El sueño de alcanzar el desarrollo debe ser el gran desafío del Bicentenario. Si desde el poder político no surge el debate público sobre los problemas estructurales del país y sobre las soluciones para superarlos, desde la sociedad civil debieran surgir iniciativas y propuestas que permitan ir construyendo consensos ciudadanos sobre las reformas que Bolivia necesita para su desarrollo, los cuales en un momento histórico de reconstrucción nacional pueden ser la base de acuerdos nacionales y de políticas de estado, que permitan a la nación desarrollarse con una democracia plena y oportunidades de prosperidad para todos sus habitantes.
