Al iniciarse el tercer mes que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo reemplaza plenamente a las AFP, esa empresa estatal aún no consigue un desempeño óptimo en la prestación de los servicios que le competen.
Esas falencias afectan a un número aún no determinado de rentistas que tuvieron problemas en el cobro de sus pensiones de jubilación. Éste es quizás el componente más sensible de los servicios que presta la Gestora y la existencia de dificultades al efectuarse esos pagos —aunque éstas sólo perjudiquen a una pequeña proporción de los prestatarios y aunque el perjuicio sea reparado pronto— tiene un impacto poco alentador significativo.
Es posible que ese efecto responda a las incertidumbres, e incluso temores, que ha generado la Gestora desde antes del inicio de sus funciones el 2 de mayo último en varios sectores de la población.
Dos semanas antes de esa fecha, más de una decena de organizaciones de la sociedad civil manifestaron, en las calles de cuatro ciudades del país, su rechazo a la Gestora Pública.
Se trataba de gremiales, jubilados de todo el país, funcionarios de salud, trabajadores universitarios, maestros urbanos, militares y policías del servicio pasivo, profesionales y algunas universidades públicas, todos ellos manifestaron entonces el temor de que sus aportes sean utilizados por el Gobierno para solucionar los problemas de liquidez que enfrenta.
Son temores comprensibles porque la Gestora es una entidad que “se encuentra bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas” y su fiscalización está a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros que también depende del mismo Ministerio.
Es decir que lo que vaya a hacer la Gestora con el dinero de los aportantes, que son fondos privados, no tendrá ningún control de sus dueños.
Y eso es inquietante, tanto más cuanto ninguna dependencia de la administración estatal está libre de —al menos sospechas— de corrupción ni tienen una gestión exenta de cuestionamientos.
El Estado es mal administrador, la prueba de ello son las cerca de 70 empresas públicas, la mayoría deficitarias, sostenidas con recursos estatales.
En ese contexto, a pesar de las explicaciones ofrecidas por el gerente general de esta instancia pública sobre las deficiencias en el pago de jubilaciones y el anuncio de que las solucionarán, lo que ocurre con la Gestora renueva la desconfianza de sus obligados usuarios.
Es de esperar que el desempeño de esta empresa pública mejore, eso para la plena tranquilidad de más de dos millones y medio de aportantes.
