Ante los constantes hechos de violencia e inseguridad en las áreas periurbanas, los pobladores han decidido organizarse y tomar acciones para poner fin a estos casos que generan zozobra entre los vecinos. Los recientes incidentes de esta índole ocurridos en La Paz reflejan la escalada de inseguridad que se vive en algunas regiones de nuestro país y que requieren una respuesta más contundente por parte de las instituciones competentes.
El primer incidente se reportó el martes, cuando cuatro hombres armados ingresaron a un negocio dedicado a la compra de oro en Mapiri. Amenazaron al dueño, quien se encontraba con su pequeño hijo; aunque ambos lograron huir sin lesiones, sus vidas estuvieron en riesgo.
Ante esta situación, los policías del lugar y los dirigentes sindicales se organizaron para buscar a los delincuentes en los alrededores de la población. Sin embargo, un grupo de aproximadamente diez personas se encontró con los antisociales en una de las trancas, pero no pudieron hacer nada, ya que los malhechores portaban armas de grueso calibre, muy parecidas a ametralladoras.
Dos días después, en la localidad de Apolo, lo que en un principio se creía un simple atraco resultó ser un ajuste de cuentas. Cuatro jóvenes armados, cuya edad oscila entre 14 y 18 años, asesinaron a sangre fría al propietario de una tienda de abarrotes y luego huyeron. Sin embargo, los pobladores los identificaron, pues en esa comunidad la mayoría de la gente se conoce, y los llevaron al cepo, donde fueron castigados por sus propios familiares.
El Ministerio Público imputó a los involucrados por asesinato y robo agravado en grado de tentativa. “Entre los elementos de convicción se encuentran un rifle de salón calibre .22, una escopeta calibre 12, dos motocicletas, un vehículo, proyectiles calibre .22 y vainas calibre .22”, informó el comandante departamental de la Policía, Edgar Cortez.
Ambos casos fueron registrados por las cámaras de seguridad, lo que evidencia cómo los delincuentes cometen sus fechorías sin el mayor temor y con armas de gran tamaño. Surge entonces la pregunta de cómo accedieron a este tipo de armamento y en qué ha quedado el registro y control de armas de fuego establecido por la Ley 400.
Es necesaria una redistribución del personal policial en el territorio nacional y, tal vez, coordinar algunas actividades de patrullaje con unidades militares asentadas en zonas específicas donde se reporten más casos de delincuencia. También es imperativo que la Policía se acerque más a los vecinos para capacitarlos, de modo que la gente sepa cómo reaccionar ante ciertas situaciones que ponen en riesgo su vida.
