La reciente promulgación de la Ley 035, que modifica aspectos fundamentales del sistema de pensiones en Bolivia, representa un avance significativo en el camino hacia una mayor justicia social para los jubilados del país. En un contexto en el que muchos ancianos luchan por llegar a fin de mes con pensiones insuficientes, el incremento en la Pensión Solidaria de Vejez es una medida esperada y bienvenida. Este cambio beneficiará a aproximadamente 152 mil jubilados, según el Ministro de Economía, quienes verán un aumento directo en sus pagos mensuales.
El aumento de entre 80 y mil bolivianos, según los años de aportes y el monto acumulado, busca reconocer el esfuerzo y sacrificio de quienes han contribuido al sistema de pensiones a lo largo de su vida laboral. Para aquellos con 10 años de aportes, por ejemplo, el incremento será de 80 bolivianos, elevando su pensión de 640 a 720 bolivianos. Para quienes han trabajado y aportado durante 35 años, el aumento será más sustancial, de mil bolivianos, pasando de 4.200 a 5.200 bolivianos mensuales.
Si bien estos montos aún pueden parecer modestos para algunos, la nueva ley corrige una injusticia histórica, al permitir que los más vulnerables reciban un aumento que les ayudará a enfrentar el alto costo de vida. La Pensión Solidaria de Vejez es, precisamente, un pilar del sistema de seguridad social diseñado para aquellos que, por diversas razones, no han podido acumular grandes sumas durante su vida laboral.
El Gobierno ha encontrado diversas fuentes de financiamiento para estos aumentos, incluidas modificaciones al aporte patronal, que, con la nueva ley, pasará del 3 al 3,5 por ciento, y al sector minero, donde los aportes subirán del 2 al 2,3 por ciento. Asimismo, se ha implementado una contribución adicional para aquellos que perciban más de 13 mil bolivianos mensuales, bajo el principio de solidaridad. Los salarios más altos contribuirán con un porcentaje adicional de entre 0,15 y 1,48 por ciento, dependiendo de sus ingresos.
Cabe resaltar también la flexibilidad del Gobierno al retirar su propuesta de establecer la jubilación obligatoria a los 65 años, una medida que había generado preocupación en varios sectores ocasionando incluso movilizaciones en contra. Pero el Presidente retiró la propuesta, y pese a que en su discurso en el acto de promulgación Arce no pudo evitar su lamento sobre este retroceso, la población trabajadora se lo agradecerá, muy especialmente quienes ya rondan esta edad. La administración gubernamental deberá buscar nuevas políticas de generación de empleo para los jóvenes en lugar de pasar la factura a quienes ya cumplen 65 años. Éstas son, por ahora, algunas de las buenas noticias.
