Las recientes agresiones contra periodistas en Bolivia, en las localidades de Parotani, Bulo Bulo y Mairana, exigen nuestra más rotunda condena. Los bloqueadores afines al expresidente Evo Morales han traspasado límites inadmisibles, llegando al extremo de retener a reporteros, golpearlos y hasta amenazar con quemarlos vivos. Estos actos son una violación no sólo a los derechos de los periodistas, sino de toda la ciudadanía a ser informada de manera imparcial y veraz.
Durante los últimos 17 días, más de 20 periodistas han sido agredidos en los puntos de bloqueo, acusados de ser una “prensa vendida” e incluso privados de sus herramientas de trabajo. Las escenas de violencia en Mairana, donde los periodistas fueron tomados como rehenes y amedrentados, muestran una amenaza latente a la integridad física y emocional de quienes sólo cumplen con el deber de informar. Esta situación refleja una intolerancia inadmisible que debe ser denunciada y sancionada.
La labor de la prensa no tiene color ni bando. Cumple con el propósito fundamental de mantener a la ciudadanía informada, sin distinción de ideologías. Al atacar a los periodistas, los bloqueadores no sólo atentan contra sus vidas, sino que también erosionan uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática: la libertad de prensa. Es inconcebible que, en pleno siglo XXI, los trabajadores de los medios sean tratados como enemigos simplemente por cubrir los hechos, sin tomar partido.
Tanto la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) han expresado su repudio y declarado el estado de emergencia ante el riesgo que corren sus miembros en estos puntos de conflicto. La intolerancia es tal que hasta el presidente Luis Arce ha condenado enérgicamente esta violencia y ha advertido que estos hechos no quedarán impunes. Sin embargo, más allá de las palabras, el Estado debe asumir un rol activo y garantizar la seguridad de todos los periodistas en el ejercicio de su trabajo, independientemente de la línea editorial de sus medios.
Los bloqueadores deben entender que el periodismo no es un adversario. La labor informativa es un derecho constitucional que debe ser protegido y respetado, y las agresiones son delitos que deben ser castigados. Es momento de exigir un compromiso de todos los sectores para respetar el trabajo de la prensa, y al mismo tiempo demandar que el Gobierno implemente las medidas necesarias para preservar su seguridad.
Es un deber moral y político condenar la violencia y proteger el derecho a informar. No sólo la credibilidad de los medios está en juego, sino también la vida de quienes cada día ponen su integridad en riesgo para que los bolivianos estén informados.
