Resulta imperativo repensar la práctica urbanística a partir del análisis de diversas categorías que inciden en el proceso de transformación urbana, como la demanda de ciudad para los ciudadanos, accesibilidad universal a recursos y oportunidades, procesos participativos y gobernanza, desarrollo y aplicación tecnológica, y la sustentabilidad, por citar algunas, en tanto se comprenda la ciudad como la consecuencia de las diversas dinámicas que desarrollan sus residentes.
En la concepción de la planificación con enfoque integral, su análisis debe contemplar la multidimensionalidad, la multidisciplina, la multiescalaridad, la multigobernanza y la multisectorialidad de manera de no generar incompatibilidad emergente de perspectiva de clase, lugar de residencia, procedencia, sexo, y cultura. Debe priorizarse el enfoque humano que vaya más allá de la políticas públicas o decisiones partidarias o ideológicas, de manera de establecer una toma de decisiones administrativas más acordes con la realidad social. Dentro de estos aspectos, la educación, la salud y el desarrollo urbano, son factores relevantes para su consideración, también la inclusión social y la equidad para reducir diferencias y conflictos sociales.
La ausencia urbanística provoca crisis climáticas, sanitarias, sociales, ambientales, o de cualquier índole, que despiertan nuevamente la emergencia de trabajar acertadamente la calidad del espacio público dentro de una agenda consensuada cuyo fin considere el diseño capaz de superar la inequidad, la inadecuación, la exclusión social y la representación contra manifestaciones de apremio social
Cochabamba tuvo un proceso de crecimiento expandido desenfrenado e irreversible, que incide negativamente en el desarrollo de áreas urbanas inclusivas y sostenibles en términos sociales, económicos, ambientales y administrativos. Sus limitaciones urbanas dan cuenta de una precariedad que revela el manejo arbitrario y poco solidario del espacio público en el contexto del derecho a la ciudad, repercutiendo en directrices insustentables respecto de algunas condiciones estructurales, funcionales, morfológicas y paisajísticas. Por lo que repensar el urbanismo debe conducir a mejorar los instrumentos de planificación de acuerdo con las verdaderas demandas socioecológicas mediante la valoración de indicadores que evalúen continuamente el mejoramiento de la cohesión social a través de la implementación de proyectos inclusivos.
Existen 47 aglomerados urbanos en el departamento. En los últimos 20 años la tasa anual de crecimiento poblacional en 18 de esos aglomerados fue del 1,5%, con un 2,4 anual de expansión del área urbanizada. En municipios totalmente urbanizados entre los que se encuentra Cochabamba, hay menos espacio para crecer.
El uso de suelo más solicitado por la expansión muestra que el mayor crecimiento de la mancha urbana se traduce en los asentamientos residenciales en un 80% de la totalidad, mientras que la parte industrial estaría cerca del 15%. El proceso urbano revela un 55% de estructura abierta, urbanizaciones cerradas en un 18%, y viviendas de interés social y residencias informales en un 7%.
El crecimiento de la mancha urbana no necesariamente obedece a una ecuación lineal del crecimiento demográfico y obliga a la administración local y a la población a erogar altos costos económicos en la construcción de tejidos de infraestructura, ampliación de redes de transporte público y mayor esfuerzo para recolección de residuos.
La expansión urbana provoca mayor complejidad en términos sociales y ambientales. Los procesos invasivos suelen ocurrir en territorios que desarrollan funciones ecosistémicas importantes, como zonas de recarga acuífera, preservación forestal, agroecológicas y productivas que equilibran el consumo con el crecimiento. Su alteración produce riesgos ambientales en la capacidad productiva de la tierra, incidiendo en el comportamiento social de la población. Repercute también en términos políticos dado que los procesos expansivos de las manchas urbanas demandan mayor organización administrativa.
Si la población en el extremo de sus demandas invade espacios públicos o áreas de protección, de riesgo, o espacios regenerados para la cohesión social, estarían atentando contra un posible, aún sea mínimo, equilibrio de planificación. En la realidad social, en tanto naturaleza y principio de la ciudad que genera el movimiento urbano, el espacio público es el lugar adecuado para la socialización de una ciudadanía ávida de interacción.
Así, es imprescindible pensar en una nueva normativa jurídica institucional referente al proceso de desarrollo territorial, con leyes y reglamentos inscritos paralelamente en presupuestos asignados para el desarrollo del territorio nacional, con alcances y proyecciones claras, vinculadas con la normativa local, en términos de multigobernanza y manejo de instrumentos multiescalares.
El autor, Ph.D., es investigador del Ceplag-UMSS, mkquiroga@gmail.com
