Hace unos años, el presidente Luis Arce Catacora intentó popularizar un eslogan político que proclamaba que “estábamos saliendo adelante”. Sin embargo, este mantra ha desaparecido en gran medida, dejando tras de sí una estela de decepción y desengaño. Lo que una vez fue presentado como un horizonte prometedor, ahora se revela como una mentira flagrante, una ilusión vacía que se desvanece ante la inocultable situación.
Hace exactamente un año, en un día que aún resuena en la memoria colectiva de Yapacaní, el presidente anunciaba con gran pompa y ceremonia un hito aparentemente crucial para la economía y la historia petrolera del país: el descubrimiento del pozo Yope-X1 (YOP-X1). Se nos prometió un futuro próspero, una reactivación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el negocio de la exploración y explotación de hidrocarburos.
Se nos dijo que este nuevo pozo produciría 1,4 millones de pies cúbicos/día y 115 barriles/día de condensado para finales de 2023. Sin embargo, hoy en día, un manto de secreto envuelve las actividades de YPFB y los datos oficiales son escasos. La última confesión estremecedora del presidente Arce Catacora, “el gas se ha agotado”, sólo sirve para subrayar la desilusión y la incertidumbre que prevalecen en el panorama energético del país.
El litio, otra carta de triunfo en la baraja de la economía extractiva boliviana, también se encuentra en un estado de estancamiento y recriminación. Las acusaciones entre las facciones internas del MAS, representadas por los “arcistas” y los “evistas”, sobre quién es responsable del fracaso en la explotación de este recurso, sólo contribuyen a enmascarar la incómoda verdad. Se han invertido 425 millones de bolivianos en la explotación del litio, sin resultados tangibles que mostrar. La verdad es innegable y la responsabilidad recae en última instancia en el gobierno del MAS y su modelo de gestión.
Bolivia está pagando el precio de casi dos décadas de un modelo que, si bien comenzó con grandes expectativas, pronto reveló su lado oscuro. El despilfarro de fondos públicos, como los casi 200 millones de dólares del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originario Campesinos (Fondioc), ha dejado un reguero de proyectos fantasmas y corrupción desenfrenada. En lugar de ser castigados, los culpables de estos delitos permanecen impunes, mientras que los verdaderos defensores del Estado de derecho y los denunciantes son silenciados o encarcelados.
Además de los desastres económicos, el modelo político también ha dejado una huella nefasta en el tejido social y político de Bolivia. El caso de terrorismo y el hotel Las Américas, cuya verdad apenas comienza a emerger, ha desmantelado a la clase política de Santa Cruz y ha socavado aún más la confianza en las instituciones democráticas del país.
En medio de esta crisis multifacética, la desinstitucionalización del Estado aparece como un problema fundamental. Tanto el poder judicial como el electoral han sido cooptados por completo por el poder político, erosionando aún más la confianza en la imparcialidad y la justicia del sistema.
La dictadura con envoltorio democrático se ha retirado la máscara, hoy los cuatro órganos del Estado tienen un solo manejo. El último en caer ha sido el Electoral, que tiene que obedecer a pie juntillas lo que dicen los magistrados constitucionales, hábilmente manejados desde Plaza Murillo.
A nivel internacional, la debacle diplomática de Bolivia es evidente. La destrucción de la Cancillería y la alienación con regímenes autoritarios han dejado al país virtualmente aislado en la arena internacional. La incapacidad para participar en iniciativas clave, como el corredor bioceánico, refleja un fracaso monumental en el ámbito diplomático.
Bolivia se encuentra en un punto crítico de su historia, enfrentando desafíos económicos, políticos y diplomáticos de proporciones monumentales. La retórica optimista del gobierno no puede ocultar la verdad dolorosa: NO “estamos saliendo adelante”.
