El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es archiconocido por su drasticidad para contener el auge de asesinatos y pandillas que asolaba a su país, consiguiendo que ambos se desplomen, mediante miles de arrestos, militarización, juicios sumarios y la construcción y funcionamiento del “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, prisión de máxima seguridad y rigurosidad extrema, donde se hacinan más de 40.000 internos.
El éxito bukeliano ha sido total, con la pacificación del país y una caída vertical de los delitos de todo tipo que azotaban a decenas de miles de familias, causando zozobra, angustia y dolor cotidiano. El costo, según estudios independientes, resulta excesivamente alto con demasiados apresados injustamente, el quebrantamiento de derechos básicos y el abuso de las medidas extraordinarias de represión, contra críticos y disidentes.
Siguiendo la enorme oleada de popularidad pública que ha logrado en muchos países, políticos del vecindario continental exteriorizan su asombro y cierto grado de envidia, haciendo que aparezcan por doquier seguidores e imitadores que añoran reproducir la experiencia; principalmente con el control del crimen y, también, soterradamente y de manera no declarada, las oportunidades que esto les abre para ajustar las tuercas a todo tipo de adversarios, verdaderos o inventados. Asumiendo que el ejemplo de Ortega (alias Somocita) en Nicaragua es demasiado odioso y estridente, la solución Bukele aparece como doblemente atractiva para las ansias de los profesionales del poder.
Dentro de esa amplia fauna de discípulos del presidente salvadoreño, el recientemente elegido mandatario del Ecuador le ha puesto todas las ganas a reproducir el modelo para afrontar el desbocamiento de bandas de traficantes de cocaína que han instalado una sangrienta espiral de violencia y muerte. Con el ejército en las calles y mediante la dictación de un estado de guerra, ha disminuido los asesinatos y apaciguado las balaceras en las calles, e intenta tomar el control de las cárceles, desde las cuales los jefazos de las pandillas conducen a sus milicias en las calles.
Ha logrado un rápido reconocimiento de sus conciudadanos, lo que le ha alentado a incursionar en la fase II del modelo, es decir el control de plagas opositoras, expresado en esta ocasión en el asalto armado de la embajada mexicana, para secuestrar al exvicepresidente correista, condenado por corrupción.
La intrepidez del presidente Noboa ha elevado el fervor de los imitadores de Bukele. Caudillos y organizaciones, habitualmente procedentes de filas conservadoras, de derecha y ultraderecha prometen implantar el modelo de Bukele. Es tanto el fervor de este culto que ha llegado a filas del régimen boliviano, autoproclamado de izquierda y progresista. Aunque hace pocos días, condenaba la brutal violación del derecho internacional en la que incurrió el gobierno del bukelito ecuatoriano al invadir la embajada de México.
El antecedente no ha espantado al gobierno boliviano, cuyo presidente presentó un proyecto de ley para castigar con rigor extremo el robo flagrante. El proyecto volvió a ser presentado, esta segunda vez con el nombre de “ley Bukele”, por el mimado ministro de Gobierno que se atribuye la paternidad de la iniciativa. Eso, que ya supone un cierto desaire hacia su jefe y protector, Arce Catacora, resulta todavía más sugerente porque el ministro proviene de uno de los grupos internos más combativo y callejeros del MAS, caracterizado por una filiación guevarista. Si el Ché se enterase que sus seguidores se embanderan ahora con tácticas de estirpe bukeloide, seguramente volvería a morir en el acto.
Pero, más sustancioso que lo anterior es que el acto de presentación del proyecto de ley, patrocinado por alguien que aspira a ser candidato presidencial, se suponía para después de 2025, viene a ser una especie de manifiesto que delata el ascenso de la sensación interna oficialista, de que la deriva actual del país, inclusive en la opción más favorable, está cerrando velozmente las posibilidades electorales de Arce Catacora.
Un ministerio clave para buscar, conservar y garantizar la gobernabilidad pasa, con el proyecto de “ley Bukele”, a atizar el desequilibrio político, convocando a los principales apoyos del actual presidente a sustituirlo como candidato, bajo el supuesto que el descalabro económico, institucional y social lo devorará.
Es más que posible que los aspirantes conocidos y por conocerse, supongan que con la amistad de los autoprorrogados amigos que tengan en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pueden asaltar el cielo y ¿por qué no? conquistar candidaturas y presidencia, todo bajo pura inspiración del estilo bukeliano.
