Es un gran problema para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) inventar dinero cada día para sostener las subvenciones estatales a la gasolina y el diésel. Nadie debería discutir que la gasolina barata permite cuidar el bolsillo de millones de familias bolivianas que diariamente se trasladan al trabajo y a la escuela. Quizás sea esta la razón para que existan medio millón de transportistas que hacen su negocio sin la preocupación del alto costo del combustible. No cabe duda de que los subsidios no solo alivian el gasto diario, sino que también impulsan la economía.
Una de las distorsiones que soportan las subvenciones se presente en un escenario extraño. Ocurre que cientos de miles de personas de buena fe en gestiones pasadas vendieron sus vehículos, pero los compradores no completaron el trámite de cambio de nombre y no pagaron los impuestos a la propiedad que recaudan los municipios. Como resulta lógico, las alcaldías han adoptado medidas coactivas contra los deudores, que son los anteriores propietarios, a quienes extrañamente se les impone demoras y trabas burocráticas, y aquí es donde los justos pagan por los pecadores. Lo peor es que el estado sigue subvencionando y permitiendo que se abastezca de gasolina a los que poseen vehículos ajenos y que no pagan impuestos a la propiedad.
Estas personas se aprovechan de las subvenciones estatales y representan una amenaza oculta y devastadora. Lo injusto es que utilizan las placas otorgadas por el mismo estado para desviar fondos públicos que conlleva la gasolina subvencionada, llenando sus propios bolsillos mientras la verdadera necesidad permanece insatisfecha. La magnitud del fraude es alarmante y empeora día a día, sin señales de que el MEFP intervenga, que por el momento prefiere excusar su negligencia en el concepto de “sobredemanda de gasolina”. Esta realidad cruda muestra un sistema corrompido, donde los recursos vitales son robados por los delincuentes y los defraudadores tributarios.
Es que los mantras socialistas y progresistas que entonan desde el MEFP confirman la mala gestión de las subvenciones sobre la gasolina, y deriva en un aprovechamiento ilegal de estos beneficios. ¿Cuántos kilolitros de gasolina consumen los camiones de los contrabandistas, las maquinarias de los mineros ilegales y los cocaleros narcos? La falta de controles y supervisión permite que individuos inescrupulosos desvíen la gasolina destinada a la población honesta de este país que trabaja y se educa. Este fracaso administrativo no solo dilapida dineros públicos, sino que también perpetúa la corrupción.
Por la ineficiencia y la negligencia en la implementación de políticas transparentes, el problema se complica cuando las arcas estatales no tienen el suficiente dinero para cubrir las subvenciones y por tanto, la gasolina escasea por la bendita “sobredemanda”. Las autoridades del MEFP ya deberían gestionar de manera transparente los subsidios estatales a la gasolina, implementando auditorías para rastrear cada venta de gasolina en favor de los propietarios reales de los vehículos, prohibiendo el suministro a los intermediarios corruptos y reduciendo el fraude contra el estado que comenten los evasores fiscales, los contrabandistas, los narcos y los mineros ilegales, entre otros nefastos personajes. Esta solución fortalecerá la economía y restaurará la confianza en el sistema, asegurando que los subsidios beneficien a la población de manera justa y efectiva.
El subsidio es una ayuda honesta a favor de los ciudadanos y estos deben responder con la misma moneda, es decir con honestidad. Aquí el MEFP tiene servida la excusa para proceder con una selección rigurosa de los verdaderos beneficiarios de la gasolina subvencionada, excluyendo a los defraudadores que se aprovechan ilegalmente de los fondos públicos. Poco o nada cuesta que el MEFP reúna a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al Registro Único de la Administración Tributaria (RUAT) y a las alcaldías del país para coordinar controles estrictos y sanciones severas para los abusadores y los corruptos. Se debe autorizar a las estaciones de servicio que carguen gasolina solo y exclusivamente a los vehículos con el registro en orden y los impuestos a la propiedad pagados. Aquí todos ganan y el ahorro para las arcas estatales será de decenas de millones de dólares al día. Lo aseguro.
