La muerte de Sebastián Peixoto Junior, un estudiante de medicina a causa de los presuntos malos tratos que recibió en prácticas profesionales, dejó al descubierto las difíciles condiciones que soportan los universitarios.
En tanto, la investigación para esclarecer la muerte del interno de medicina avanza.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Valle Alto, Edson Coca, informó ayer que en coordinación con la Fiscalía se solicitó información al establecimiento de salud y a la universidad en la cursaba la carrera el interno.
Peixoto de 46 años, de nacionalidad brasileña , fue hallado sin vida el 14 de noviembre en un domicilio de Punata.
Coca mencionó que por los elementos que se lograron recolectar el caso se investiga por homicidio/suicidio.
Comentó que cuando se hizo el levantamiento legal de cadáver se encontró un mensaje escrito en el que el interno denunciaba el maltrato que sufrió por parte de algunos médicos y la falta de apoyo del personal administrativo de su universidad.
En medio de este contexto, ayer se llevó a cabo una protesta en puertas del Servicio Departamental de Salud (Sedes) por parte de estudiantes extranjeros y bolivianos de Medicina que pedían justicia para Sebastián. Al mitin se sumaron varios padres de familia, quienes denunciaron la falta de interés de las autoridades departamentales y nacionales para sancionar y evitar los tratos crueles en los hospitales y centros de salud.
Denuncias
Durante la protesta, varios internos y residentes denunciaron que son sometidos a turnos prolongados de hasta tres días con limitado acceso a alimentos, baño, lugar de descanso y otros servicios. la precariedad en algunos casos obliga a los estudiantes a dormir en el piso o en bancas.
En el caso de estudiantes extranjeros la situación tiende a ser más crítica, según algunos testimonios, porque además de pagar hasta 30 mil bolivianos por el internado no cuentan con el apoyo de su familia para superar el estrés y la depresión que terminan desarrollando por el bullying o acoso.
Asimismo, cuestionaron que los insultos y la violencia se hayan normalizado en los sistemas de salud por la falta de una normativa que vaya más allá de procesos administrativos.
