Al 2022, casi el 40% de la deuda pública externa, o cerca a 5.290 millones de dólares, fue destinada a actividades extractivistas o relacionadas con ellas, de acuerdo con el estudio Amazonía boliviana: Entre la deuda, crisis climática y el extractivismo, realizado por la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social.
El documento alerta que la dependencia de Bolivia de las actividades extractivas genera un alto impacto ambiental, que entre 2000 y 2022 produjo 2.000 millones de dólares en pérdidas por sequías, incendios y otros siniestros.
Asimismo, identifica un “círculo vicioso”: la deuda se destina a fomentar actividades extractivas, que generan pérdidas económicas por los impactos ambientales que deben ser subsanados con mayor adquisición de deuda.
“Bolivia se endeuda para financiar actividades extractivas que generan daños ambientales y debido a los millonarios daños y pérdidas económicas producidas por eventos climáticos extremos se requerirá cada vez más dinero que debe ser financiado con nueva deuda”, sostiene.
El secretario técnico de la PBFCC, Juan Carlos Alarcón, indicó que, al año 2022, el 28% de la deuda externa estaba orientado a la construcción de carreteras para expandir la frontera agrícola y exportar productos agroindustriales o de otras actividades extractivistas.
El servicio de la deuda entre 2019 y 2022 alcanzó alrededor del 2,5% del PIB, mientras que el gasto ambiental en 2021 se estimó tan sólo en un 0,8%, de acuerdo al reporte.
En esa línea, se advirtió que la denominada “marcha al norte”, impulsada por el Gobierno de Luis Arce, en el departamento de La Paz, así como el cultivo de palma africana para generar agrodiésel, puede generar altos impactos ambientales.
René Martínez, investigador de la Fundación Jubileo, dijo que la crisis climática afecta al país, que demanda recursos que no dispone para paliar las emergencias, por lo que acude a la deuda.
Alarcón recordó que la última sequía generó considerables pérdidas en el sector agroindustrial, pero también en actividades agroforestales en la Amazonía.
“Se ve un impacto inmediato con los incendios, la deforestación y la sequía, pero también un impacto más lento. Desde 2003 a 2022, hubo una pérdida de 56% de los glaciares, lo que equivale a 39.000 hectáreas perdidas”, dijo Alarcón.
Propuestas y alternativas
El estudio plantea diversificar la economía para disminuir la dependencia de actividades extractivas, como la explotación de hidrocarburos, la minerales y la expansión de la agroindustria, y apostar por otras que generen desarrollo económico preservando la naturaleza y el bienestar de la población y los pueblos indígenas.
René Martínez, de Jubileo, también señaló que se debe fijar límites al endeudamiento y al gasto para evitar mayores déficits fiscales que dejarán “un peso muy grande” para las próximas gestiones.
