Legisladores del oficialismo y la oposición, líderes cívicos de Potosí y analistas han expresado su preocupación ante la ausencia de un régimen fiscal específico en el primer contrato de extracción directa de litio (EDL), firmado con la empresa rusa Uranium One Group.
Hasta la fecha, no se ha aprobado una ley de recursos evaporíticos que establezca las regalías para el departamento productor. Sin embargo, la Ley de Minería vigente fija una alícuota del 3 por ciento para el carbonato de litio.
El miércoles pasado, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Uranium One Group firmaron un contrato por 970 millones de dólares para la construcción de una planta de EDL en el salar de Uyuni, que tendrá una capacidad de producción de 14 mil toneladas de carbonato de litio a partir de 2026. El documento será enviado al Congreso para su discusión conforme a la normativa vigente.
Raúl Velásquez, analista en temas energéticos de la Fundación Jubileo, explicó que, a diferencia del sector de hidrocarburos, el litio carece de un régimen fiscal con especificaciones técnicas claras. Además, subrayó la necesidad de que el país cuente con “políticas sectoriales definidas dentro del marco de una transición energética”.
Por su parte, Francisco Coro, diputado del MAS por Potosí, señaló que aún no se conocen los detalles del contrato, el cual, según dijo, llegará próximamente a la Presidencia de la Cámara de Diputados. Calificó el acuerdo como “oscuro” y afirmó que espera tener el documento en manos para analizarlo junto con la brigada departamental.
“Hemos solicitado la aprobación de una ley del litio para regular las regalías, pero hasta ahora no se sabe cuál será el porcentaje que corresponderá a Potosí. No debería ser el 3 por ciento, sino al menos el 11 por ciento,” declaró.
En los últimos años, se presentaron varios proyectos de ley para incrementar las regalías por la extracción del carbonato de litio a un rango entre el 11 y el 25 por ciento, superando lo estipulado por la Ley de Minería, pero ninguno ha sido aprobado.
Juan José Tórrez, diputado de Comunidad Ciudadana por Potosí, celebró que el contrato sea remitido al Legislativo, situación que no ocurrió con los convenios previos. Destacó que el documento debe especificar el área de trabajo, los impactos ambientales, la inversión de cada empresa y las regalías para el departamento.
“En un proyecto de ley, el Gobierno observó que se pedía un 20 por ciento de regalías, y no quisieron tratar el tema. Ahora, el presidente Arce pide celeridad para aprobar el contrato, pero este debe ser socializado y revisado. Si hay retrasos, no será culpa de los legisladores, ya que el debate es necesario”, indicó Tórrez, reiterando que no aceptarán una regalía del 3 por ciento.
En la misma línea, Roxana Graz, expresidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), rechazó el contrato y calificó de “miserable” una regalía del 3 por ciento, considerando el impacto ambiental que tendrá en Potosí.
Los Tiempos consultó a YLB sobre el régimen de regalías bajo el cual se suscribió el contrato con Uranium One Group, pero no obtuvo respuesta.
El presidente Luis Arce ha solicitado al Congreso celeridad y “patriotismo” para la aprobación del contrato.
