Más de un centenar de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres se pronunciaron ayer en rechazo de la propuesta modificatoria a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia (348) presentada por la senadora Patricia Arce.
Sostienen que representaría un retroceso, porque plantea eliminar la protección a las denunciantes.
“Nosotras rechazamos las modificaciones regresivas a la Ley 348 y exigimos una reforma integral de la justicia”, dijo la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.
Agregó que “esta iniciativa representa un atentado y retroceso para el derecho de las víctimas de violencia al acceso a la justicia (...). Lejos de responder al problema que plantea, elimina la protección de las mujeres denunciantes contra la revictimización por parte del sistema de justicia”.
Remarcó que la “no revictimización” es una obligación del Estado que busca, principalmente, evitar el maltrato y someter a la mujer a procedimientos reiterados.
“El citado proyecto de ley condiciona la toma de declaraciones a un plazo que no considera la situación de afectación de las víctimas de violencia sexual, ni aun tratándose de niñas, niños y adolescentes”, advirtió Sánchez.
Según estas organizaciones, este propuesta impondría “que la validez de dichas declaraciones dependa del dictamen de peritos para lo que no se observan ni los tiempos ni las formas ni los fines de un peritaje psicológico, que además parte de presumir que todas las víctimas mienten y, prácticamente, elimina la competencia de los jueces y juezas para valorar la integralidad de las pruebas”.
Por su parte, la coordinadora nacional de la Alianza Libres sin Violencia, Mónica Bayá, lamentó que las declaraciones “desatinadas” del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y la presentación de dicha propuesta normativa haya desencadenado ataques a la Ley 348, bajo “argumentos descontextualizados y generalizaciones que no se basan en evidencia”.
