Luego de más de seis horas de debate y una prolongada votación nominal, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes por más de dos tercios la controversial lista de los 36 precandidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que tuvo que completarse con candidatos que no pasaron la prueba con la nota mínima de 130.
Fueron 144 - 30 senadores y 114 diputados - de los 150 legisladores presentes que aprobaron el informe de la Comisión Mixta, superando los 100 necesarios para alcanzar los dos tercios exigidos.
"Tenemos por el Sí, 144 asambleístas; por el No, 5 asambleístas; y Blanco, 1. Con el voto de los dos tercios de los asambleístas presentes, queda aprobado el informe y las listas de candidatos preseleccionados al Tribunal Constitucional Plurinacional, elaborado por la Comisión Mixta de Constitución. Remítase al Tribunal Supremo Electoral con nota de atención", indicó el presidente nato de la Asamblea y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.
La Comisión Mixta de Constitución trabajó y aprobó el fin de semana la lista de candidatos al TCP, luego que el pleno del Legislativo lo devolviera, el viernes, porque la nómina no cumplía con los requisitos de género y autoidentificación indígena en los departamentos de Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Pando.
La sesión se desarrolla en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura de Sucre y la aprobación encamina las elecciones judiciales.
Para evitar que la preselección de candidatos al TCP sea declarada desierta, la Comisión tuvo que recurrir a los aspirantes que lograron menos de 130 puntos en la evaluación de méritos – 14 de los 36 postulantes - para completar las listas en los nueve departamentos.
“No es un proceso perfecto, sino posible”, justificó la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos al defender la nómina aprobada.
Su colega de Creemos Centa Rek alegó que “se ha hecho lo que se podía” y respaldó la aprobación del informe, con la consigna de “que se vayan” los actuales magistrados del TCP, que por las fallidas elecciones judiciales de 2023 permanecen en sus cargos.
Similar consigna, invocaron, por separado, los legisladores del MAS “evista” Gualberto Arispe y Héctor Arce para dar su respaldo al informe.
No obstante, la senadora de Comunidad Ciudadana Silvia Salame se negó a dar el respaldo a un informe que fomenta -en su opinión- una competición desigual entre los departamentos.
“No podemos permitir que en algunos departamentos como La Paz se tenga ocho candidatos, pero Pando, Beni y Santa Cruz tengan dos, se vulnera el principio de igualdad porque en Santa Cruz van a salir los dos, uno como titular y otro de suplente, los postulantes de La Paz van en desigualdad de condiciones, puede salir la número 8 que tiene una nota de reprobación”, advirtió.
De acuerdo con el informe leído en el pleno, éste no fue firmado por el presidente de la Comisión, el senador “evista” Miguel Rejas y su correligionaria Patricia Arce, pero sí por el resto de los 11 legisladores.
Aprobado el informe del TCP, el pleno empezó a considerar los reportes de las comisiones mixtas de Justicia y de Constitución respecto a la preselección de candidatas y candidatos al Tribunal Agroambiental (TA), al Consejo de la Magistratura (CM) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
De acuerdo con la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, concluida la preselección de las y los candidatos, se debe elaborar “las listas que contengan las nóminas de las y los preseleccionados para su remisión en un plazo de 48 horas al Órgano Electoral Plurinacional”.
La nómina de candidatas y candidatos preseleccionados será publicada en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
Una vez remitidas las listas al Tribunal Supremo Electoral, éste “llevará a cabo el proceso de elección en el plazo de hasta ciento cincuenta (150) días”, refiere el parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley.
Según previsiones del TSE, las elecciones judiciales se realizarían en enero de 2025 y la posesión de las nuevas autoridades judiciales se efectuaría en febrero de 2025.
