La denuncia por trata de menores y estupro contra el expresidente Evo Morales, se ampliará con la investigación de un familiar del dirigente cocalero y un exmilitar, quienes le habrían “facilitado acceso a menores de edad”, informó el abogado de la Fundación Apolo, en Argentina, José Magioncalda.
“La ampliación será contra un pariente y la otra es una persona que en su momento era una autoridad militar (de Bolivia) (…). Esas son las dos personas que de acuerdo a investigaciones periodísticas habrían facilitado el acceso a menores y, si fuera cierto, estas dos personas habrían incurrido, en un principio, en el delito de trata de menores de acuerdo a la legislación argentina”, declaro Magioncalda a la red Uno.
Este funcionario fue el que presentó hace unos días la denuncia contra Morales en Argentina, argumentando que presuntamente convivió en ese país (2019-2020), "con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales".
“Vamos a aportar nueva información en el expediente sobre las complicidades, porque entendemos que, como Evo Morales es una persona muy conocida tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, era muy difícil y más estando asilado y no pudiendo ingresar a Bolivia por temor a quedar preso, en ese entonces él difícilmente podía ir en persona buscar compañía para traerla a la Argentina”, explicó el jurista a esa televisora.
Indicó además que, si existió el delito de abuso de menores y de trata de personas, tuvo que ser con cómplices y “existen investigaciones periodísticas que apuntan a algunas personas”, quienes serán denunciadas en las próximas horas.
Magioncalda se refirió a una grabación que hizo pública el periodista español Alejandro Entrambasaguas, que atribuye a un exescolta de Morales, que revela que seleccionaban a las jóvenes en eventos en los pueblos y también en partidos de fútbol femeninos.
La denuncia judicial contra el dirigente cocalero está planteada en los “artículos 145 bis, 145 ter, 119 y 120” del Código Penal argentino, de acuerdo con el periódico Clarín, está respaldada por testimonios y publicaciones periodísticas que citan esos casos.
Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana también denunció que, durante sus visitas al expresidente en Argentina, observó a menores cumpliendo roles que describió como "serviles" en la residencia del expresidente, pagada por el anterior gobierno argentino.
En Argentina, la ministra de Seguridad (Interior) de Argentina, Patricia Bullrich, dijo que “el delito en suelo argentino se paga”.
En Bolivia, el caso de estupro está bajo investigación en la Fiscalía Departamental de Tarija, donde la fiscal Sandra Gutiérrez anunció que “pese a las amenazas” y la presentación de acciones legales por parte de la defensa de Morales, continuará llevando el caso.
