La minería informal en Bolivia ha cobrado un alto precio en vidas humanas durante el año 2024, con un total de 119 muertes registradas hasta la fecha. Esta cifra, que representa un aumento alarmante respecto a años anteriores, ha dejado enlutadas a casi 120 familias, reflejando una crisis de seguridad y derechos laborales en el sector. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Potosí, Marco Antonio Dávalos, ha señalado que la mayoría de estos decesos se han producido en operaciones ilegales o desreguladas, donde las condiciones de trabajo son extremadamente peligrosas.
La situación en Potosí es particularmente grave, con 113 muertes reportadas en esta región, donde la minería es una actividad económica clave, especialmente en el famoso Cerro Rico. Las causas más comunes de fatalidades incluyen explosiones de dinamita, asfixia por gases tóxicos, desplomes y caídas desde alturas significativas. En contraste con la minería formal, donde se aplican estrictos protocolos de seguridad, las operaciones informales carecen de medidas adecuadas para proteger a los trabajadores.
Entre las víctimas fatales se encuentran dos menores de edad y seis mujeres. La tragedia más reciente ocurrió el 26 de noviembre, cuando un trabajador fue aplastado por un derrumbe mientras verificaba una carga de dinamita. Otro caso impactante involucró a una joven de 21 años que cayó desde una altura de 60 metros en una mina operada por la cooperativa Ollerías.
Aumento de accidentes
Comparando con el año anterior, la cifra de muertes ha casi duplicado la de 2023, cuando se registraron 63 fallecimientos. Este aumento dramático resalta la falta de regulación y supervisión en el sector minero informal. Según expertos como José Carrión, es fundamental mejorar las medidas de seguridad para prevenir incidentes y proteger a los trabajadores.
La minería informal no sólo afecta a los trabajadores directamente involucrados; también tiene repercusiones más amplias para las comunidades locales y el medioambiente. Las cooperativas mineras que operan sin licencia a menudo ignoran las normativas ambientales y laborales, contribuyendo a un ciclo de explotación y vulneración de derechos.
En otras regiones
Aunque Potosí concentra la mayor parte de las muertes relacionadas con la minería informal, otras regiones como La Paz también han reportado incidentes fatales. En junio, dos trabajadores perdieron la vida tras un deslizamiento mientras realizaban trabajos en el cantón Yani. Además, en agosto, una mujer fue aplastada por un derrumbe mientras lavaba oro aluvial en Mapiri.
Las muertes no se limitan a accidentes laborales; también están vinculadas a conflictos entre cooperativas mineras. En mayo, un enfrentamiento entre las cooperativas Gran Poder y Primero de Mayo resultó en un muerto y varios heridos. En julio, dos policías murieron durante otro conflicto entre cooperativas en Sorata. Estos eventos son indicativos de la falta de control y regulación en el sector minero informal.
Vulneraciones
Los trabajadores en la minería informal no sólo enfrentan riesgos físicos, también sufren vulneraciones a sus derechos laborales. Testimonios recientes han revelado casos alarmantes de intimidación y agresiones por parte de mineros ilegales hacia comunidades locales. En Yanacachi, por ejemplo, se han reportado amenazas y agresiones físicas contra los habitantes que se oponen a la presencia minera.
Isaac Catacora, líder comunitario en Tres Marías, ha denunciado a la Agencia de Noticias Ambientales (ANA) agresiones graves hacia su familia y amenazas por parte de mineros ilegales. Estos incidentes reflejan un patrón preocupante donde los derechos humanos son sistemáticamente ignorados.
Respuesta gubernamental
El Gobierno boliviano ha comenzado a tomar medidas contra la minería ilegal. Recientemente se llevaron a cabo operativos que resultaron en la destrucción de dragas utilizadas para la extracción ilegal de oro y arrestos relacionados. Sin embargo, estas acciones han encontrado resistencia por parte de las comunidades locales que dependen económicamente de estas actividades mineras.
A pesar del esfuerzo gubernamental por regular el sector y proteger los derechos laborales y ambientales, persisten desafíos significativos debido a la corrupción y la falta de recursos para implementar efectivamente las regulaciones existentes.
La minería informal en Bolivia representa una crisis multifacética que no sólo ha resultado en un número trágico de muertes, sino que también plantea serias preguntas sobre los derechos laborales y la sostenibilidad ambiental. A medida que el país enfrenta este desafío creciente, es crucial que tanto el Gobierno como las comunidades trabajen juntos para encontrar soluciones que protejan a los trabajadores y promuevan prácticas mineras responsables.
La situación actual exige atención urgente para evitar más tragedias y garantizar que todos los bolivianos tengan acceso a condiciones laborales seguras y dignas. La lucha contra la minería ilegal no es sólo una cuestión económica; es una cuestión fundamental de derechos humanos que necesita ser abordada con seriedad e inmediatez.
