La violencia contra grupos vulnerables, entre estos los niños y niñas, que incluso llega hasta la muerte, no se combate con normas o endurecimiento de penas porque es una cuestión estructural que debe enfrentarse con políticas públicas que fortalezcan las capacidades de padres y madres para que protejan a sus hijos, pero particularmente trabajar en la protección del menor.
La conclusión corresponde analistas consultados por este medio a propósito de los casos de violencia contra niños que se reportan constantemente en Bolivia, caso que llegan incluso a cobrar vidas en manos de sus progenitores.
Estos episodios, como ocurre habitualmente, arrancaron protestas de diversa índole, mientras que el Gobierno responde con el anuncio del envío de un proyecto de ley para endurecer las penas contra los infanticidas y otros.
“Bolivia no aplica una política de Estado orientada a combatir efectivamente el crimen y ejecuta reformas episódicas de las leyes, anecdóticas, que lo que hacen es incrementar los delitos y sumar las penas que nunca terminan cumpliéndose. Crean delitos, suben penas, pero no hay capacidad institucional para combatir el delito y solo ponen parches a las expectativas de la gente”, refirió el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero.
De acuerdo con datos estadísticos, del primer trimestre de 2021 (enero-marzo), los casos de infanticidio se incrementaron en más del 100 por ciento al primer trimestre de 2024, es decir, de cinco casos que se anotaron en 2021, en 2024 se tienen 14 muertes de menores.
“De 1 de enero a 31 de marzo, en 2021 se registraron cinco casos, mientras que en 2022 se elevaron a 11 y en 2023 bajaron a dos. Sin embargo, en 2024, los casos han vuelto a aumentar, alcanzando un total de 14. Desde 2021 hasta el primer trimestre de 2024, se han documentado 111 casos de infanticidio, con un total de 123 víctimas”, señala un reporte de Unicef.
Más normas
Entre 2023 y 2024, el Ejecutivo envió dos proyectos de ley con el objetivo de sancionar acciones violentas contra los niños. El primero de ellos, surge en abril de 2023, debido a una publicación del diario personal del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas (+), también conocido como “Padre Pica”, quien confesó haber abusado de 85 niños durante los años 70 y 80, cuando fue profesor en América Latina y especialmente como director del Colegio Juan XXIII de la ciudad de Cochabamba.
El sacerdote no recibió un castigo y tampoco fue apartado de las labores educativas que lo vinculaban a los niños, pese a que se conoció sobre los extremos.
Con este episodio, se conoció que el Ministerio Público venía indagando 17 casos de pederastia.
De éstos, cinco son investigados en La Paz, cuatro en Santa Cruz, tres en Cochabamba, tres en Tarija y dos en Chuquisaca.
Ante esto, el Gobierno central envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos contra la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes.
El 5 de marzo de este año, en la zona Satélite de El Alto, una discusión de pareja acabó en tragedia. César Guillermo Tezanos Pinto Vargas (papá), entró a la cocina, sacó un cuchillo, atacó a su esposa, luego ingresó al dormitorio de sus dos hijos y los degolló. El infanticida fue sentenciado a 30 años de prisión en la cárcel de Chonchocoro, La Paz.
Ante este extremo, el Presidente instruyó un proyecto de ley que “establece la imprescriptibilidad del delito de infanticidio”.
“Para el Gobierno es fácil y muy barato hacer leyes que sirven para calmar cierta demanda ciudadana, pero no hace lo que tiene que hacer, que es invertir en seguridad ciudadana, educación, prevención del delito y atención para las víctimas”, indica la politóloga Patricia Velasco Burgos.
Naturalización
El director de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) Bolivia, José Luis Paniagua, sostiene que el problema de la violencia es transversal al tema de seguridad, por lo que debe ser abordada de manera estructural.
“La principal tiene que ver con la naturalización de la violencia, de hecho, hay causas que son muy comunes, como que la letra entra con sangre. Pensamos que dar un golpe a alguien y maltratarlo va a hacer que esta persona haga lo que uno lo dice”, indicó en contacto con Sumando Voces.
Agregó, que, a esta naturalización de la violencia, está el sentido de pertenencia, unos se sienten propietarios de otras personas.
“Pensamos que nuestros hijos son nuestra propiedad. Ese es mi hijo y yo hago con mis hijos lo que quiera, que nadie se meta. Este sentido de propiedad es también otra de las causas”, refiere Paniagua.
Pero también se deben con templar factores que influyen en la violencia, el tema del trabajo, la economía de la familia, entre otros.
En ese aspecto, se estableció que el mayor porcentaje de violencia contra los menores se concentra en la casa, seguido por la calle.
En ese sentido, sostienen que la prevención de la violencia, incluido el infanticidio, requiere cambiar las normas sociales que normalizan el uso de la violencia contra mujeres y niñas, niños y adolescentes. Se requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes y promueva un entorno seguro y protector para los niños y sus familias.
Cultural
Hay poca preparación emocional y psicológica de los padres para afrontar la paternidad o la maternidad, pues la mayoría son hombres jóvenes que tratan de disciplinar a sus hijos por cuestiones a veces irracionales, como el llanto descontrolado, necesidades biológicas o la desobediencia.
Sin embargo, “la situación sentimental con su pareja, varón, mujer o viceversa, se constituye en uno de los factores que se presentan con más frecuencia como las motivaciones para las agresiones. Además, esto está vinculado a los denominados problemas familiares que hacen referencia a la separación de la pareja, concubino/a, esposo/a o a episodios de conflicto entre ambos, que desembocaron en la ausencia de uno de ellos”, explica Paniagua.
