Las elecciones judiciales mantienen en pausa las evaluaciones de méritos debido a una serie de amparos constitucionales, mientras que desde el viernes circulan en redes sociales las supuestas 125 preguntas dirigidas a los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En cada pregunta del documento difundido, la respuesta correcta está resaltada en negrita y subrayada, lo que sugiere una orientación para los aspirantes sobre cuál es la respuesta adecuada.
La circulación de las 125 preguntas ha generado cuestionamientos sobre la integridad del proceso y la transparencia de las evaluaciones.
Sin embargo, las Comisiones Mixtas encargadas del proceso han asegurado que las preguntas que circulan corresponden al banco utilizado en el proceso electoral de 2017 y que las correspondientes a las actuales elecciones están resguardadas bajo estricta seguridad.
“Sobre mi cadáver saldrá una pregunta de aquí. Ningún ser humano puede entrar a este cuarto porque tiene tres llaves y las tres están en poder de una notaria. Este ambiente está precintado y no ha sido violentado. Nadie puede haber ingresado para filtrar alguna pregunta y los sobres con las preguntas nunca se han abierto”, dijo a El Deber la senadora Silvia Salame, una de las legisladoras adscritas a la comisión mixta de Constitución.
Por otro lado, las Comisiones Mixtas encargadas del proceso han anunciado su intención de reanudar las actividades de selección de postulantes a partir del próximo martes.
Esta decisión, según explicó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Froilán Mamani, responde a la necesidad de cumplir con los plazos establecidos, subrayando que los amparos constitucionales no deben detener el flujo del proceso de selección.
“Hemos sido claros en la Comisión Mixta, hemos indicado que vamos a continuar el trabajo el día martes, ya que si no lo hacemos vamos a tener problemas con los plazos. Es importante para ver subcomisiones y así garantizar los plazos”, explicó el diputado Mamani.
Recientemente, se emitió una orden constitucional por parte de la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz, en respuesta a un amparo interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta, que ha suspendido temporalmente las evaluaciones de méritos.
