El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció ayer que cumplirá el fallo constitucional que anula las elecciones judiciales en algunas regiones del país, pese a haberse opuesto en principio a ese dictamen y haber impulsado un encuentro político para que se garantizara la realización integral de los comicios.
El TSE emitió un comunicado en el que declara que recibió la notificación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que cumplirá con el auto constitucional que ordena la continuidad del proceso para la elección de magistrados de las altas cortes del país sólo de manera parcial, por lo que la elección de autoridades para el Concejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continuará en siete de las nueve regiones del país, mientras que la elección de altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sólo se realizará en cuatro regiones.
El fallo constitucional que anula el proceso electoral en algunos departamentos del país corresponde a dos expedientes abiertos por acciones presentadas por dos postulantes que no llegaron a la fase final de la preselección en el Legislativo.
El lunes, el pleno del TSE se reunió con los representantes del Legislativo, Ejecutivo y de los partidos políticos para unir fuerzas en defensa de unos comicios “íntegros” y “unitarios”, y del principio de preclusión que indica que los actos electorales no pueden retrotraerse.
Los asistentes a esa reunión firmaron su rechazo al mencionado fallo constitucional y expresaron su “respaldo pleno” al TSE para que continuara con la organización de las elecciones judiciales “en forma íntegra” el próximo 15 de diciembre.
Comunicado oficial
El TSE justificó que la decisión de obedecer el fallo constitucional se debe a que “no se han garantizado las condiciones necesarias para llevar adelante el proceso electoral de manera integral”.
“Luego de un análisis de la sentencia y de las declaraciones públicas que se emitieron después del Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, la Sala Plena del TSE ha decido continuar con la Elección Judicial en el marco que establece el citado auto”, dice un comunicado emitido por el TSE este miércoles.
Así el TSE da su brazo a torcer, pese a que su presidente Óscar Hassenteufel había manifestado la necesidad de poner freno a los “excesos” del TCP.
También mencionó que el Parlamento no emitió un pronunciamiento inmediato de rechazo a la mencionada resolución ni ha aprobado una ley “que proteja a las autoridades electorales de ser procesadas penalmente por sus acciones en el ejercicio de sus funciones electorales”.
Asimismo, señala que algunos miembros del Gobierno del presidente Luis Arce “han emitido declaraciones alentando el cumplimiento de esa sentencia lo que genera incertidumbre de contar con los recursos económicos para dar continuidad a este proceso de manera integral”.
El TSE ya había asumido otras medidas legales como una solicitud de aclaración y enmienda al TCP, misma que fue respondida esta jornada con la ratificación del proceso.
Opositores rechazan la decisión del TSE
Los analistas y políticos responsabilizaron al Órgano Ejecutivo por respaldar las decisiones de los magistrados autoprorrogados y criticaron la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El analista y exlegislador Carlos Borth advirtió que el Gobierno de Luis Arce protege a los magistrados “autoprorrogados” desde 2023, ya que sólo así se puede entender los constantes ataques para frenar las elecciones judiciales.
Desde Comunidad Ciudadana (CC) rechazaron la decisión asumida por el Órgano Electoral “de someter su mandato constitucional y su propia responsabilidad, a la voluntad y los planes políticos del Gobierno y de los miembros autoprorrogados del Tribunal Constitucional, y realizar una elección dividida, incompleta y distorsionada, bajo mecanismos inconstitucionales e irracionales, que vulneran los más elementales derechos políticos de los bolivianos”.
El jefe de la Bancada de Creemos, Henry Montero, señaló que los vocales del TSE no tienen que vacilar en llevar las elecciones judiciales en todo el país porque les ampara la Constitución Política del Estado.
