Bajo un aviso de desahucio inminente, los 450 inmigrantes que ocupan un edificio de oficinas abandonado al sur de París creen que los preparativos para los Juegos Olímpicos de julio y agosto han agravado las condiciones para acceder a una vivienda digna.
"Nosotros nos queremos irnos de aquí, pero necesitamos que nos den una solución, que nos traten con dignidad", clama el mauritano Magassa, uno de los dos portavoces del complejo en el que malviven refugiados con estatuto legal en Francia (55 %) y demandantes de asilo (30 %). Solo una minoría (15 %) carecen de papeles.
A sus 37 años, el migrante, actualmente sin trabajo formal, achaca a los Juegos Olímpicos, que se celebran en París entre el 26 de julio y el 11 de agosto, el empeoramiento de las condiciones de alojamiento.
"Trabajamos en París, contribuimos, y luego nos quieren echar de aquí, está claro que quieren hacer una limpieza (social)", agrega el mauritano, quien atiende a EFE desde el cuarto del chadiano Hamdan (28 años), otro de los líderes oficiosos del edificio.
Este albañil de profesión aclara que durante los tres años de ocupación del edificio "no han creado ningún problema".
El colectivo "El reverso de la medalla", que agrupa a 80 ONG para oponerse los impactos negativos de los Juegos, lleva meses denunciando "una limpieza social" de París y sus alrededores para esconder "la miseria, la mendicidad y la solidaridad".
Según este colectivo, es difícil saber cuántas de las 120.000 plazas de acogida que había en la región parisina se han suprimido por los Juegos por la "falta de transferencia" del Estado. Las estimaciones de 2022 hablaban de al menos una disminución de 2.500. En 2023, las cifras oscilaban entre los 4.500 y las 6.000 plazas.
A día de hoy, las organizaciones no gubernamentales han censado a 4.000 sin techo en la capital, 7.000 en toda la región de París.
Este colectivo denuncia cómo la policía ha evacuado dos veces en la última semana a un centenar de personas sin papeles (la mayoría famlias con niños) de la plaza del Ayuntamiento de París para intentar llevarlos a un albergue de Besançon (este, a 400 kilómetros de la capital).
Desalojo de otra ocupación en 2023
Otro factor que ha contribuido a saturar la ocupación de Vitry, que en espacio de meses dobló su población, fue el desmantelamiento hace un año de la antigua sede de una cementera ocupada en Ile de Saint-Denis, en las proximidades a la Villa Olímpica, donde pernoctaban hasta 400 inmigrantes.
Abdel, de 28 años, fue uno de los desplazados de Ile de Saint-Denis que llegó a este edificio de Vitry.
Este sudanés, legalizado en Francia por su estatuto de refugiado, ha vivido un calvario desde que llegó a Europa en 2016. Malvivió en Calais, durmió un año en las calles de París y tuvo una primera demanda de asilo rechazada.
Hoy, el joven tiene un trabajo. Limpia los cuartos de un hotel cerca de Disneyland París.
Según las ONG, inmigrantes como Abdel, con papeles y trabajo, están abocados a la ocupación por la falta de alojamientos asequibles en el sector privado y por la poca inversión en vivienda pública.
Abdel, Magassa, Hamdan y el resto ocupantes de Vitry -donde hay una decena de menores escolarizados y 50 mujeres- desconocen su próximo destino. El edificio, que era de una filial de la compañía ferroviaria estatal SNCF, ha sido comprado por la región de Ile de France, donde está París, para un proyecto de viviendas sociales.
El martes, en representación del Estado francés, personal de la organización 'France Terre d'Asile' entrevistó a 300 de los 450 ocupantes para conocer la situación de cada uno y analizar si pueden ser realojados por las autoridades públicas.
"Un día es insuficiente para conocer la situación de cada uno. Muchos están fuera porque trabajan. Nosotros enviaremos nuestro informe", explica Jhila Prentis, voluntaria de 'United Migrants', quien cree que la evacuación tendrá lugar la próxima semana.
El Ayuntamiento comunista de Vitry-sur-Seine coincide en que los Juegos Olímpicos "han acelerado" la precariedad de los inmigrantes por el desmantelamiento de otros asentamientos en la región.
"Nosotros tenemos una responsabilidad, somos humanistas, pero también el Estado tiene la suya", comenta a EFE la concejala encargada de lucha contra la discriminación Maeva Durand, sin comprometerse a dar datos sobre cuántas personas podrán ser realojadas.
Consultada por EFE, la prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Val-de-Marne, encargada de la evacuación, no respondió a las preguntas enviadas.
