Fui madre por primera vez en el Hospital San Juan de Dios de Tarija (HSJD) en 1977, a sugerencia de mi obstetra quien aseguró que era la mejor opción por encima de las clínicas privadas. Buena sugerencia la suya y acertada decisión la nuestra. La atención fue satisfactoria como lo anticiparon el orden y la limpieza de sus austeras instalaciones y la amabilidad de todo su personal. Era tiempo de centralismo secante. Se había pasado de las “obras públicas” a cargo de Comités de limitada competencia al “desarrollo” en manos de las Corporaciones, una en cada departamento. Ni comités ni corporaciones tenían relación con el sector salud, competencia exclusiva del Gobierno, y las alcaldías eran intrascendentes. Los hospitales públicos, sin costos directos para los usuarios, se financiaban con impuestos y otras tasas sobre actividades rentables, públicas y privadas, siendo imprescindible acudir a otras fuentes para completar los altos costos del mantenimiento de infraestructura, la provisión de equipos, insumos y personal. Esas fuentes eran nacionales e internacionales e incluían voluntariado social de mujeres adineradas. También la Iglesia católica procuraba personal para atención directa a los enfermos y canalizaba donaciones de medicamentos para los menos favorecidos.
Mi segundo nieto nació en el mismo hospital en 2005, a satisfacción de todos. Desde 1987 el HSJD era el hospital de referencia departamental, como recuerda la Sociedad Boliviana de Salud Pública (SBSP) en un comunicado de 29 de enero de este año publicado “En defensa de la atención de salud en el departamento y ciudad de Tarija”, y para 2005 Gonzalo Sánchez de Lozada había promulgado las leyes de Participación Popular y del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), en 1994 y 2002 respectivamente. La primera amplió la jurisdicción de los municipios a las secciones de provincia, transfiriéndoles competencias, entre ellas la referida a salud asignándoles recursos de coparticipación tributaria. La segunda otorgó prestaciones durante toda la gestación hasta seis meses después del parto y a los niños hasta los cinco años. Fueron avances de cantidad y calidad.
En 2012, un amigo optó por el HSJD para ser operado del apéndice por la fama y prestigio bien ganados del Seguro Universal de Salud de Tarija (Susat) creado en 2006 por el prefecto Mario Cossío y Sara Cuevas, su secretaria de Desarrollo Humano, que fue una iniciativa pionera en el país sostenida con la renta del gas sin aporte alguno del Gobierno central. En 2012, el MAS ya se había hecho de la Gobernación tarijeña cuando en 2010 instauró proceso penal por supuestos cargos de corrupción a Cossío y la Asamblea Departamental lo suspendió, designando interinamente a un masista en su lugar. El amigo se arrepintió de su decisión, pues sufrió las consecuencias de un notable decaimiento de los servicios del hospital. Estrechez, suciedad y maltrato se sumaron al costo de los medicamentos que corrió por su cuenta. El “proceso de cambio” había llegado a Tarija.
Hace tres días, una persona muy querida para mí fue intervenida quirúrgicamente de la vesícula biliar en el mismo HSJD después de peregrinar largamente para tomar ficha, lograr exámenes de laboratorio y, al fin, tener día y hora de la operación. Fui a verla. Entré en ese lugar después de 12 años quedando consternada de lo que encontré: hacinamiento, mugre, abandono… decadencia completa. No puedo siquiera imaginar cómo se vivió – se murió- allí en la pandemia por Covid-19. Lo terrible es que esto no sólo ha sucedido mientras el MAS se hizo de la Gobernación, sino después también y sigue sucediendo; parece ir a peor como denuncia la SBSP poniendo en evidencia que la gestión de la Gobernación en materia de salud no obedece a criterios técnicos ni sentido de servicio público, sino a “un cúmulo de errores y malas decisiones” de las autoridades departamentales, con grave afectación a los intereses de la ciudadanía. Entre tales errores y malas decisiones, el comunicado señala que se ha desmembrado al HSJD para “rellenar las necesidades del Hospital Materno Infantil” llegando a trasladar “de manera ilegal” recursos humanos, “dividiendo en dos el único hospital de referencia departamental”. Se llama impostura. No es todo. La SBSP alerta respecto de la intención de demoler el HSJD para construir otro, sin razones válidas y sin tener fuente alguna de financiamiento seguro. Se llama improvisación. Es demagogia pura.
Acierta Lupe Cajías en su artículo de 19/01/2024 titulado “Gestión Iván Arias, la peor en décadas”, publicado en Los Tiempos cuando dice: “El masismo no es una ideología ni un partido político: es un estado de ánimo y, sobre todo, es una metodología (…) los ejemplos se multiplican en gobernaciones y municipios. Dramáticamente. No se precisa estar afiliado oficialmente para ser parte del fenómeno MAS que domina Bolivia.”
Es que el “proceso de cambio” es altamente contagioso y mortal. Urge un “cambio de proceso” para no morir.
