La fuga del exalcalde de Cochabamba, José María Leyes —procesado en 17 causas penales y cubierto de un descrédito público sin precedentes— confirma la calidad de los funcionarios en cuyas manos está la administración de justicia en el país.
Nadie medianamente informado confiaría en un sujeto como Leyes. Elegido alcalde en 2015 con el 56% de los votos, asumió su cargo el 1 de junio de ese año y seis meses después comenzó el descalabro del crédito que le dieron sus electores, con la denuncia por la aprobación de un permiso para construir un centro comercial en un área verde de la ciudad.
Como esa, una parte de todas las denuncias contra Leyes se perdieron de la atención pública hasta que, en abril de 2018, estalló el escándalo de la compra de decenas de miles de mochilas para escolares, más de tres meses antes de que se emitiera la convocatoria pública de rigor para esa adquisición.
Aquello desató una seguidilla de juicios e investigaciones penales por una lista extensa de delitos: sobreprecios en adquisiciones, entrega simulada de vehículos a la Policía, designación ilegal de funcionarios municipales, malversación de fondos, legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, estafa a un particular, etcétera.
Leyes ejerció las funciones de alcalde sólo dos tercios del tiempo de su mandato —ampliado por ley debido a la postergación de elecciones por la pandemia de Covid— el resto, estuvo suspendido. Pero fue suficiente para formar la imagen de autoridad edil afligida por varios procesos y recurrentes coincidencias entre problemas, o amenazas graves, de salud y circunstancias judiciales críticas.
Pero los jueces y fiscales confiaron en él, tanto, que ni se preocuparon de su paradero. El hombre guardaba detención preventiva, en su vivienda, que dejó en diciembre sin señalar nuevo domicilio, y desde enero de este año, hace cuatro meses, no se presentó a las oficinas del Ministerio Público, incumpliendo así una de sus medidas sustitutivas.
Es inevitable contrastar esa actitud con la que fiscales y jueces tienen respecto de un exdirigente cocalero de los Yungas, paralizado de medio cuerpo, al que mantienen encerrado en Chonchocoro, pese a su estado.
Se enteraron de su fuga hace pocos días, mediante el abogado que lo defendía a quien Leyes contó que salió del país. Muy diligente, un fiscal anticorrupción solicitó la alerta migratoria, la revocatoria de sus medidas cautelares y pidió un informe sobre la ruta que usó para salir al exterior.
¿Ingenuos, ineptos o cómplices? Cualquiera de esas posibilidades muestra con plena fidelidad el deterioro del sistema de justicia de Bolivia y lo urgente que es iniciar su reforma.