El impacto del contrabando trasciende los perjuicios económicos para las empresas legales y el Estado, crece de manera descontrolada y se ha convertido en una actividad criminal organizada cuya magnitud exige una acción combinada y proporcional, no sólo en Bolivia, sino también en Chile y Perú.
Ésas son algunas de las constataciones, sustentadas por cifras, resultantes de dos eventos que tuvieron lugar la semana pasada: el encuentro nacional “La lucha contra el contrabando es tarea de todos”, en Santa Cruz, y el Seminario Internacional “Del comercio informal al crimen organizado: los desafíos de la región frente al contrabando”, en la misma ciudad y en La Paz, de manera simultánea, y con representantes de organizaciones empresariales de los tres países mencionados, y el Viceministro boliviano de Lucha Contra el Contrabando.
Esta actividad ilícita está lejos de ser el comercio internacional ilegal practicado desde hace años en las localidades fronterizas —en una sola dirección: importación— y se ha convertido en un sector más de la economía informal, amplio por su alcance económico y la gente involucrada, y peligroso por sus conexiones criminales.
Como refería el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), más de 100 mil personas están vinculadas de manera directa a la actividad del comercio ilícito y aproximadamente 2 millones de personas trabajan con productos de contrabando en el país. En Cochabamba, 460 mil personas están vinculadas de forma directa e indirecta con el contrabando.
“En los primeros cuatro meses de este año, la Aduana comisó mercancía ilegal valorada en 216 millones de bolivianos”. El daño económico que esa actividad provocó a la economía nacional alcanzó 3.331 millones de dólares en 2022.
Los datos manejados por los empresarios muestran que el contrabando crece en una proporción mayor que la economía boliviana: en 2022, un 8,42 por ciento respecto del año anterior, mientras que el producto interno bruto (PIB) de Bolivia se expandió en un 3,48 por ciento en el mismo periodo.
Su impacto sobre la economía formal afecta a más de 38 mil industrias y significan la desaparición o imposibilidad de crear unos 600 mil empleos.
Y el Estado dejó de percibir casi mil millones de dólares en impuestos durante 2022. Además de las pérdidas que significa para el Estado el contrabando de combustible, porque éste “va de adentro del país hacia afuera”, como lo señala el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Además, como coincidieron los representantes empresariales de Bolivia, Perú y Chile, en los pasos fronterizos legales y clandestinos convergen contrabandistas y traficantes de droga y de personas, lo que implica un repunte de la criminalidad y exige la acción coordinada de los Gobiernos.
