El trámite legislativo para las elecciones judiciales que deben realizarse en diciembre sigue una vía tortuosa sin precedentes en la historia de estos comicios.
Son las terceras que tienen lugar en Bolivia y, a diferencia de las anteriores, estas elecciones de altos magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional, y Agroambiental, además de las máximas autoridades del Consejo de la Magistratura, se dan en un contexto distinto al existente en 2011 y 2017.
Aunque aquellos años, lo mismo que ahora, el Movimiento Al Socialismo (MAS) es la organización política oficialista, dos factores diferencian la circunstancia política actual de las de antes.
En primer lugar, el oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) carece de la mayoría calificada, dos tercios, necesaria para la designación de los candidatos que participarán de las elecciones judiciales.
En segundo lugar, el MAS no es actualmente el bloque monolítico que era en 2011 y 2017, aunque la fractura en ese partido responde más a una pugna por sus candidaturas a presidente y vicepresidente para los comicios generales de 2025.
Y en tercer lugar, el último aunque no menos significativo, esta vez el Tribunal Constitucional Plurinacional impuso, hace tres meses, la paralización, en el Parlamento, del proceso para las elecciones judiciales.
Eso resulta del recurso de acción de inconstitucionalidad abstracta presentado por un diputado opositor contra la convocatoria y reglamento de preselección de candidatos.
El plazo para que el TCP emita su fallo al respecto se cumple el miércoles 2 de agosto, un día después de que la ALP reanude sus sesiones luego de su primer receso anual.
Esta situación complica de curiosa manera un procedimiento cuyos plazos son cada día más cortos y que debiera conducir a la elección, por voto popular de las máximas autoridades del Órgano Judicial.
“Consideramos necesario que hasta el 6 de julio se pueda lanzar nuevamente la convocatoria por parte de la ALP, para que puedan contar con 60 días que la ley prevé para llevar adelante el proceso de preselección y el Órgano Electoral tenga los 100 días para la organización el proceso de votación”, anunciaba el 29 de junio el Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral.
La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución de la ALP alertaba hace cuatro días que, de conocerse el fallo del TCP el 2 de agosto, el Parlamento tendrá 30 días para cumplir con la preselección de candidatos.
Esos plazos están en función del cronograma determinado por el Órgano Electoral Plurinacional, que solicitó que el Legislativo envíe hasta el 4 de septiembre la lista de los candidatos preseleccionados para garantizar las elecciones judiciales el 3 de diciembre y la posesión de las nuevas autoridades el 2 de enero de 2024.
La vía que conduce a las elecciones judiciales es azarosa, no solo por los apretados plazos que deben cumplirse, sino también por la dudosa probabilidad de que la ALP consiga, en un mes, convocar a los aspirantes a candidatos, recibir sus postulaciones y cumplir luego el procedimiento de preselección.
