Quillacollo, y sus ciudades vecinas, viven desde ayer el frenesí de los eventos principales de la festividad de la Virgen de Urkupiña, cuyo impacto y celebraciones se extienden a varias semanas anteriores y posteriores a su fecha precisa: 15 de agosto.
Declarada “Fiesta de la integración nacional”, por el Ministerio de Culturas, hace como una década, la festividad de Urkupiña tiene este año un desafío mayúsculo: convencer a los enviados de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que sí merece ser declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.
Con ese fin, “nos va a ayudar mucho que la organización de la propia festividad sea impecable”, decía hace días el presidente de la Asociación de Fraternidades Folklóricas Virgen de Urkupiña.
La alcaldía de Quillacollo intensificó sus campañas de limpieza y, desde hace más de dos semanas, manillas para prevenir el extravío de niños, tan frecuentes en esta masiva y prolongada celebración a la que acuden decenas de miles de personas de toda Bolivia y también del exterior.
Son iniciativas destacables considerando la cantidad de personas que desde fines del mes pasado llegan a Quillacollo para manifestar su devoción y gratitud a la Virgen, llevarse —o devolver— piedras del cerro de Cota, realizar otras prácticas rituales o simplemente espectar el desfile de grupos de danzarines, en las entradas Autóctona y Folclórica.
Quizás ningún habitante de Quillacollo y sus alrededores es ajeno a lo que ocurre en esa ciudad por la fiesta de Urkupiña. Y deben ser pocos los bolivianos que ignoran el significado y dimensión de esas celebraciones.
Es natural, pues se trata de la expresión de variadas manifestaciones culturales que expresan el sincretismo de la religiosidad boliviana y atrae multitudes.
Y es natural también que para los quillacolleños y para todas las instituciones —religiosa, municipal, y de la sociedad civil— vinculadas con la festividad estas fechas tengan una importancia trascendental.
Y es precisamente por esas razones que sería necesario reflexionar acerca de algunos ajustes organizativos que contribuirían de manera positiva a esta celebración.
En ese sentido, podría trasladarse la realización de los actos centrales de la fiesta al fin de semana más próximo al 15de agosto, eso facilitaría la estadía de personas de otras ciudades y eliminaría la recurrente polémica por el feriado, no oficial pero sí de facto.
También tendría que planificarse de manera eficiente la circulación vehicular, saturada en estos días, y el transporte público, más caótico que el resto de año.
Ninguna de esas modificaciones distorsionaría el espíritu de la Festividad y facilitaría su celebración.
Bolivia celebra hoy el Día del Niño, un festejo instituido en 1955, recordando el 12 de abril de 1952, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés) redactaron la declaración de Principios Universales del Niño, con el propósito de luchar contra la desigualdad y maltrato que sufrían, y aún sufren.
Los periodistas de Bolivia estamos en emergencia porque un proyecto de ley enviado por el presidente del Estado a la Asamblea Legislativa contiene una disposición que, de ser sancionada y puesta en vigencia la norma en ciernes, impondrá una especie de autocensura debido a la amenaza de procesos penales en tribunales ordinarios.
Dentro de un mes y cinco días, más de 23 mil millones de dólares pertenecientes a 1.200.000 aportantes del país y que se hallaban depositadas en las AFP pasarán a ser administrados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, entidad estatal que gasta el 20 por ciento de sus ingresos en sueldos y cuyo gerente no sólo tiene poca o nula experiencia en el manejo de pensiones, sino que además gana la friolera de 35 mil bolivianos mes (oficialmente, mucho más que el Presidente del Estado).
La utilización de niños en los actos político-partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) no es una novedad, pero lo ocurrido hace dos semanas en un evento masivo en Ivirgarzama, Cochabamba, suscita inquietudes acerca de la indefensión de los menores frente al aparato oficialista y su hostilidad hacia quienes son críticos, y, lo que es más preocupante, la inacción cómplice de las instancias del Estado.
Como todas las rememoraciones de la Iglesia católica —y de quienes se denominan cristianos—, el espíritu de estos días adquiere un carácter especial en las circunstancias actuales que vive el país, porque expresa sentimientos, ansias, frustraciones y esperanzas que cotidianamente tenemos los seres humanos.
Una normativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) restringe el ejercicio pleno de un derecho constitucional.
Se trata de la iniciativa popular para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), instituida en el artículo 411 parágrafo II de la misma Carta Magna.
La escalada de hostilidad entre los dos bandos del Movimiento Al Socialismo (MAS) se extiende de manera sostenida, a tal punto que rebasó los espacios institucionales y mediáticos y alcanza ahora territorios del trópico de Cochabamba.
“No vamos a recibir a ninguna autoridad si no tiene autorización de nuestras organizaciones matrices”, declaró hace un par de días una representante de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré.
El aire que respiramos en la ciudad de Cochabamba el domingo último —Día del Peatón del Ciclista, el primero de este año— tuvo una calidad excepcional.
Ese día, la contaminación atmosférica generada por la emisión de gases del parque automotor que utiliza combustibles fósiles se redujo en un 92 por ciento, según la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (MoniCA).
Comienza una nueva semana, para los conflictos del magisterio con el Gobierno por la malla curricular y otras demandas es la quinta consecutiva y el problema, que en principio parecía no tener mayor importancia, tiende a agravarse cada vez más.
De muchos años, vemos que un conflicto con los maestros llega a la suspensión de clases, pues éstas, durante los últimos años, sólo fueron afectadas por la pandemia, una huelga de transporte o algún otro asunto colateral.
En 17 años —desde la anterior visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Bolivia— el país ha sido beneficiado con “avances en materia de inclusión y participación social sin precedentes”, constata el informe preliminar de los comisionados que durante cinco días observaron “la situación de derechos humanos en el país, con enfoque en la institucionalidad democrática respecto de las relaciones entre los Órganos del Estado; los desafíos sobre acceso a la justicia y a las garan