Quillacollo, y sus ciudades vecinas, viven desde ayer el frenesí de los eventos principales de la festividad de la Virgen de Urkupiña, cuyo impacto y celebraciones se extienden a varias semanas anteriores y posteriores a su fecha precisa: 15 de agosto.
Declarada “Fiesta de la integración nacional”, por el Ministerio de Culturas, hace como una década, la festividad de Urkupiña tiene este año un desafío mayúsculo: convencer a los enviados de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que sí merece ser declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.
Con ese fin, “nos va a ayudar mucho que la organización de la propia festividad sea impecable”, decía hace días el presidente de la Asociación de Fraternidades Folklóricas Virgen de Urkupiña.
La alcaldía de Quillacollo intensificó sus campañas de limpieza y, desde hace más de dos semanas, manillas para prevenir el extravío de niños, tan frecuentes en esta masiva y prolongada celebración a la que acuden decenas de miles de personas de toda Bolivia y también del exterior.
Son iniciativas destacables considerando la cantidad de personas que desde fines del mes pasado llegan a Quillacollo para manifestar su devoción y gratitud a la Virgen, llevarse —o devolver— piedras del cerro de Cota, realizar otras prácticas rituales o simplemente espectar el desfile de grupos de danzarines, en las entradas Autóctona y Folclórica.
Quizás ningún habitante de Quillacollo y sus alrededores es ajeno a lo que ocurre en esa ciudad por la fiesta de Urkupiña. Y deben ser pocos los bolivianos que ignoran el significado y dimensión de esas celebraciones.
Es natural, pues se trata de la expresión de variadas manifestaciones culturales que expresan el sincretismo de la religiosidad boliviana y atrae multitudes.
Y es natural también que para los quillacolleños y para todas las instituciones —religiosa, municipal, y de la sociedad civil— vinculadas con la festividad estas fechas tengan una importancia trascendental.
Y es precisamente por esas razones que sería necesario reflexionar acerca de algunos ajustes organizativos que contribuirían de manera positiva a esta celebración.
En ese sentido, podría trasladarse la realización de los actos centrales de la fiesta al fin de semana más próximo al 15de agosto, eso facilitaría la estadía de personas de otras ciudades y eliminaría la recurrente polémica por el feriado, no oficial pero sí de facto.
También tendría que planificarse de manera eficiente la circulación vehicular, saturada en estos días, y el transporte público, más caótico que el resto de año.
Ninguna de esas modificaciones distorsionaría el espíritu de la Festividad y facilitaría su celebración.
Después de echar la culpa de los desastres del país al Imperio, a la derecha y a la gestión de Áñez, el Gobierno de Luis Arce encontró un nuevo culpable para explicar la crisis energética que nos afecta y el declive de la producción de hidrocarburos: los pozos se han cansado.
Hoy, 1º de mayo, es el Día Internacional de los Trabajadores, la conmemoración del movimiento obrero mundial en la que se celebran los logros sociales y laborales obtenidos, comenzando por la limitación de la jornada de trabajo a ocho horas, y se proclaman reivindicaciones a favor de las clases trabajadoras. Todo ello en el marco de manifestaciones callejeras más festivas que de protesta.
Mañana, 1º de mayo, es el Día Internacional de los Trabajadores, la conmemoración del movimiento obrero mundial en la que se celebran los logros sociales y laborales obtenidos, comenzando por la limitación de la jornada de trabajo a ocho horas, y se proclaman reivindicaciones a favor de las clases trabajadoras. Todo ello en el marco de manifestaciones callejeras más festivas que de protesta.
La interpelación de ministros en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) —una de sus atribuciones inscritas en la Constitución— está lejos de cumplir su propósito, es una más de las disposiciones supremas de las que el oficialismo parece burlarse y, en la coyuntura actual, evidencia las debilidades políticas intrapartidarias del Órgano Ejecutivo.
Aunque aún no está establecido en una norma legal —que será emitida el lunes 1 de mayo, Día del Trabajo— el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron el incremento salarial de este año.
Más de un mes tuvo que pasar antes de que los miles de ahorristas del Banco Fassil tengan certidumbre acerca de lo que pasará con el dinero que depositaron en esa entidad financiera ahora intervenida por la autoridad competente.
Esa acción de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), determinada ayer, es tardía, consideran los analistas y, con seguridad, también quienes tienen depósitos en ese banco.
Dos meses de movilizaciones, varios intentos de negociación sin resultados y una determinación que lleva a sus dirigentes a declararse en huelga de hambre han convertido al descontento de los maestros urbanos en un frente de conflicto creciente que el Gobierno parece tratar con la misma atención, secundaria e interesada, con la que cumple las obligaciones que impone la Constitución al Estado respecto de la educación.
Después de ocho días de bloqueo en el acceso al botadero de K’ara K’ara, más de 4 mil toneladas de basura comenzaron ayer a ser retiradas de las calles de la ciudad de Cochabamba, y termina —no se sabe hasta cuándo— la amenaza que representan los desechos sólidos acumulados en las vías públicas.
Esta semana, el país vivirá una historia repetida, un libreto que se calca todos los años en vísperas del 1 de mayo. Después de que hace un mes, la COB diera a conocer su demanda de 10 por ciento de incremento salarial para 2023, se filtró la contraoferta del Gobierno: 3 por ciento para el salario mínimo y 1,5 por ciento para el básico.
Lejos de despejar las incertidumbres ciudadanas sobre la economía, los resultados del gabinete ampliado presidido ayer por el Presidente del Estado dejan más dudas acerca de la capacidad gubernamental para hacer frente a las crisis resultantes de la falta de liquidez en las arcas del Estado, los conflictos sociales y las pugnas partidarias al interior del MAS.