Quillacollo, y sus ciudades vecinas, viven desde ayer el frenesí de los eventos principales de la festividad de la Virgen de Urkupiña, cuyo impacto y celebraciones se extienden a varias semanas anteriores y posteriores a su fecha precisa: 15 de agosto.
Declarada “Fiesta de la integración nacional”, por el Ministerio de Culturas, hace como una década, la festividad de Urkupiña tiene este año un desafío mayúsculo: convencer a los enviados de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que sí merece ser declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.
Con ese fin, “nos va a ayudar mucho que la organización de la propia festividad sea impecable”, decía hace días el presidente de la Asociación de Fraternidades Folklóricas Virgen de Urkupiña.
La alcaldía de Quillacollo intensificó sus campañas de limpieza y, desde hace más de dos semanas, manillas para prevenir el extravío de niños, tan frecuentes en esta masiva y prolongada celebración a la que acuden decenas de miles de personas de toda Bolivia y también del exterior.
Son iniciativas destacables considerando la cantidad de personas que desde fines del mes pasado llegan a Quillacollo para manifestar su devoción y gratitud a la Virgen, llevarse —o devolver— piedras del cerro de Cota, realizar otras prácticas rituales o simplemente espectar el desfile de grupos de danzarines, en las entradas Autóctona y Folclórica.
Quizás ningún habitante de Quillacollo y sus alrededores es ajeno a lo que ocurre en esa ciudad por la fiesta de Urkupiña. Y deben ser pocos los bolivianos que ignoran el significado y dimensión de esas celebraciones.
Es natural, pues se trata de la expresión de variadas manifestaciones culturales que expresan el sincretismo de la religiosidad boliviana y atrae multitudes.
Y es natural también que para los quillacolleños y para todas las instituciones —religiosa, municipal, y de la sociedad civil— vinculadas con la festividad estas fechas tengan una importancia trascendental.
Y es precisamente por esas razones que sería necesario reflexionar acerca de algunos ajustes organizativos que contribuirían de manera positiva a esta celebración.
En ese sentido, podría trasladarse la realización de los actos centrales de la fiesta al fin de semana más próximo al 15de agosto, eso facilitaría la estadía de personas de otras ciudades y eliminaría la recurrente polémica por el feriado, no oficial pero sí de facto.
También tendría que planificarse de manera eficiente la circulación vehicular, saturada en estos días, y el transporte público, más caótico que el resto de año.
Ninguna de esas modificaciones distorsionaría el espíritu de la Festividad y facilitaría su celebración.
El caso de los dos jóvenes cadetes del Colegio Militar del Ejército que cayeron de una altura de ocho pisos (22 metros), al realizar un ejercicio demostrando las habilidades que les enseñan, renueva los cuestionamientos acerca de lo que ocurre realmente en los recintos militares, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de sucesos trágicos.
Eidy Roca tiene 69 años, padece encefalitis, parkinson y esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se alimenta por sonda, apenas puede hablar y sus expectativas de vida, en el mejor de los casos, son de cinco años. Para sobrevivir ese tiempo necesita con urgencia atención médica especializada, a la que no puede acceder porque no existe en Bolivia y la administración de justicia le impide salir del país.
Más de una decena de organizaciones de la sociedad civil manifestaron el martes en las calles de cuatro ciudades del país su rechazo al “paquetazo de leyes” y a la Gestora Pública, esa entidad que reemplazará a las AFP en la administración de los aportes de fondos de más de dos millones y medio de trabajadores.
El bloqueo de vías públicas como manifestación de reclamos sectoriales es en Bolivia una medida de presión que —por su frecuencia, las maneras como se la aplica y, en algunos casos, las razones que la motivan— parece alejarse del derecho que la legitima.
Las trabas que enfrenta la única iniciativa seria de comenzar una reforma del sistema de administración de justicia en Bolivia —mediante un referendo de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE)— tendrían que motivarnos aún más a apoyarla.
Los síntomas se sintieron hace poco más de un mes: comenzaban a escasear los dólares. Pero en lugar de buscar soluciones o dar explicaciones transparentes, lo que hizo el Gobierno fue amenazar a todos quienes “alarmaran” a la población sobre este hecho (una amenaza a los “opinadores” y de una forma indirecta también a los medios de comunicación).
La fuga del exalcalde de Cochabamba, José María Leyes —procesado en 17 causas penales y cubierto de un descrédito público sin precedentes— confirma la calidad de los funcionarios en cuyas manos está la administración de justicia en el país.
Hoy, 15 de abril, es la fiesta cívica de Tarija que conmemora el 206 aniversario de la batalla de La Tablada, en la que los “montoneros” comandados por Eustaquio Méndez derrotaron al Ejército realista, iniciando así un proceso que aún no concluye en pos de dos objetivos que para los tarijeños siempre fueron complementarios: la preservación de su propia identidad y autonomía, y su pertenencia a una unidad mayor que por voluntad de sus habitantes es Bolivia y no Argentina.
Mañana, 15 de abril, es la fiesta cívica de Tarija que conmemora el 206 aniversario de la batalla de La Tablada, en la que los “montoneros” comandados por Eustaquio Méndez derrotaron al Ejército realista, iniciando así un proceso que aún no concluye en pos de dos objetivos que para los tarijeños siempre fueron complementarios: la preservación de su propia identidad y autonomía, y su pertenencia a una unidad mayor que por voluntad de sus habitantes es Bolivia y no Argentina.
Los aportes “voluntarios” de dinero obtenidos de los propietarios de negocios, bajo amenaza de violencia, han sido una de las fuentes mayores de ingresos de las familias mafiosas de EEUU en sus primeras décadas.
Extorsión es el nombre de esa práctica que ha sido la más común y confiable perpetrada por los criminales, en todas partes, puesto que implica poco riesgo y puede ser muy lucrativa si se aplica a quienes corren riesgos de perder más de lo que les exigen pagar.