Aunque aún no está establecido en una norma legal —que será emitida el lunes 1 de mayo, Día del Trabajo— el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron el incremento salarial de este año.
Más allá de que los porcentajes de esos aumentos —el 3 por ciento al haber básico y el 5 por ciento al mínimo nacional— provoquen rechazo en unos sectores y satisfacción en otros, el procedimiento aplicado para establecerlos suscita al menos dos cuestionamientos y una reflexión acerca de su oportunidad y su real alcance.
El primero de esos cuestionamientos tiene que ver con las partes que intervinieron en la negociación sobre el incremento salarial: la COB, afín al oficialismo, y el Gobierno.
Así, el Órgano Ejecutivo, que tiene la atribución de imponer ese aumento obligatorio, y la central sindical que agrupa también a sectores ajenos a las actividades económicas que aportan con impuestos al Estado —como los campesinos, por ejemplo— deciden cuánto más deben pagar los empresarios a sus empleados.
Esa exclusión es contraria a un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Bolivia es signatario. Y es precisamente sobre ellos, los empresarios, que cae la carga de pagar el incremento, sin haber tenido la opción de participar en las negociaciones correspondientes.
“Nos sentimos preocupados y al mismo tiempo discriminados, no se nos dio la oportunidad de conversar estos temas con el Gobierno para exponerle la situación en la que se encontramos los empresarios privados”, declaraba ayer el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).
Es natural que se sientan discriminados y también preocupados, pues el aumento salarial acordado por la COB y el Gobierno parece estar determinado no estrictamente en el marco de un análisis económico.
“Primero debíamos analizar temas de fondo para mejorar la situación económica del país”, reclamaba el presidente de la FEPC. Y tiene razón, porque el tema salarial no puede ser tratado sin tomar en cuenta el contexto económico crítico que vivimos.
“El 85 por ciento de los trabajadores no son asalariados (…), por lo tanto, van a tener que procurarse el incremento por sí mismos, eso se traduce en que va a haber un incremento de precios que no va a guardar relación con el monto que se está incrementando, sino que posiblemente va a sobrepasarlo”, alerta el presidente de la Cámara Nacional de Comercio.
Pero consecuencias como ésa son ajenas a un incremento decidido en un momento delicado del juego político que enfrenta el Gobierno, especialmente al interior de su propio partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), enfrascado en una pugna por el liderazgo y la definición de quién será su candidato en las elecciones de 2025.
