En los tres meses que se ha hecho cargo efectivo de los aportes de los trabajadores bolivianos, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ha tenido percances en la prestación de sus servicios y tomado decisiones aún inexplicadas en la gestión de los recursos, al punto que se hace comprensible que jubilados y población en general vayan exigiendo explicaciones casi de manera frecuente, pues sienten que la nueva administración que reemplaza a las AFP genera más desconfianza que certidumbres.
Trece años después de promulgada la ley que la creó, la Gestora comenzó sus “operaciones plenas” el pasado 2 de mayo y casi de inmediato se encontró con reclamos de los beneficiarios que, sólo en el primer mes, no encontraban en sus cuentas el pago correspondiente. Pese a las soluciones de emergencia, las quejas persistieron.
Y los problemas también, el primer día de agosto, los jubilados no pudieron cobrar sus pensiones debido a intermitencias en el sistema informático de la Gestora. Los afectados bloquearon las calles colindantes a las oficinas de esa instancia estatal.
La Gestora responsabilizó a la empresa Síntesis por los problemas y la multó
La semana pasada se conoció, de fuente oficial, que los préstamos de la Gestora al Gobierno, en promedio mensual, fueron más del doble que los de las AFP en sus últimos cuayro meses de operaciones.
Entre enero y abril, las AFP compraron bonos del TGN por 950 millones de bolivianos. Entre mayo y junio la Gestora adquirió 1.350 millones de bolivianos de esos bonos.
El promedio mensual de esas adquisiciones por parte de las AFP fue de 238 millones de bolivianos, y de 675 millones en el caso de la Gestora.
Esto recuerda las advertencias de analistas económicos acerca de que la Gestora se convertiría en la “caja chica” del Gobierno.
Tres economistas consultados por Los Tiempos alertaron del riesgo de que el Gobierno prefiera atender antes la deuda externa que la interna, y, por tanto, no ven infundados los temores de rentistas y jubilados que preguntan qué será de sus pensiones.
La Gestora, por su parte, hasta anoche no había emitido ninguna información específica al respecto, lo que no contribuye a la tranquilidad de los aportantes temeroso de que sus aportes sean utilizados por el Gobierno para solucionar los problemas de liquidez que enfrenta.
Y tienen razón porque la Gestora es una entidad que “se encuentra bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas” y su fiscalización está a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros que también depende del mismo Ministerio.
