Las dificultades que tiene la Policía Boliviana para cumplir su misión en el Chapare son apenas un aspecto de la precaria autoridad que ejerce el Estado Plurinacional en ese territorio que ya estuvo, hace poco más de cuatro años, bajo el control pleno y exclusivo de los sindicatos de cocaleros del lugar.
Asuntos simples como el control de placas pueden provocar allá amenazas contra los policías, como se escucha en un audio difundido hace pocos días en redes sociales.
“Acá (en el Chapare) es fregado, hay comunarios que no entienden que (el control de placas) es un trabajo de la Policía y adoptan una actitud ilegal”, declaraba el martes a Los Tiempos un efectivo que pidió no publicar su nombre.
Este año, más de media docena de secuestros denunciados y varios asesinatos por presuntos ajustes de cuentas son también parte de esa “actitud ilegal”. Pero hay también los raptos “expres” que se resuelven sin intervención policial, al parecer muchos “porque aquí hay mucha plata”, como comenta otro efectivo que prefiere el anonimato.
Y las destrucciones de fábricas de cocaína, descubrimiento de pistas clandestinas y otros operativos antinarcóticos son frecuentes.
El líder de la Federación Mamoré Bulo Bulo estima que los controles de placas “van dirigidos por cuestiones políticas para entrar solamente al trópico”, evidenciando otro de los aspectos esenciales de las dificultades del Estado a imponer su autoridad en el Chapare.
En esa región cuya producción de hoja de coca —el cultivo más lucrativo— se destina en sólo un 5 por ciento al consumo tradicional, la fabricación y tráfico de cocaína son, desde hace décadas, intensos e involucran a mucha gente.
Allí está tan expandida esa actividad ilegal, que los policías antinarcóticos pueden sufrir ataques de los pobladores para recuperar la droga incautada, como sucedió hace tres meses en Paracti, donde una turba los emboscó. No era la primera vez que se producía un hecho similar.
En el Chapare, los policías son impedidos de cumplir su misión constitucional de velar por el “cumplimiento de las leyes en todo el territorio”, eso por móviles delincuenciales.
Y los motivos políticos tienen también su peso allá. El 5 de julio, la Coordinadora de las Seis Federaciones de cocaleros de esa región “desconocía al Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas (…) por las declaraciones y ataques sin fundamento alguno a (su) líder nato Evo Morales”.
Ahora que la pugna entre los dos bandos rivales del MAS se intensifica, el trópico de Cochabamba podría convertirse en el escenario geográfico más álgido de ese enfrentamiento político. Es un delicado desafío para el Gobierno.
